Veinte minutos de receso, se convirtieron en cuatro horas de reuniones y diálogos en los que seis vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) llegaron a acuerdos y aprobaron el reglamento para la elección de una nueva autoridad para la Fiscalía General del Estado que reemplace a Diana Salazar Méndez, cuyo periodo en funciones concluye en abril del 2025.

Con seis votos a favor y una abstención, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana cerraron una encrespada discusión sobre las reglas que deberán cumplir los postulantes a ser titular de la Fiscalía del Estado, en una sesión que se instaló este miércoles, 11 de septiembre de 2024.

La decisión se tomó luego de dos semanas de discusiones, confrontaciones y mesas técnicas que se hicieron entre asesores y en ocasiones con la presencia de los consejeros.

Este miércoles, en una sesión ordinaria, los siete vocales trataron varios puntos en horas de la mañana y poco antes de las 13:00, cuando se iba a tratar los avances de estas mesas técnicas, Andrés Fantoni Baldeón la suspendió por 20 minutos que se convirtieron en cuatro horas.

Se reinstaló a eso de las 17:15 para tratar el punto relacionado a esta normativa, pero que consistía en conocer un informe de evolución de trabajo de las mesas técnicas.

Dicho documento no se leyó en su integralidad y tampoco el reglamento, ya que llegaron a «consensos» y Fantoni mocionó votar por el proyecto.

Votaron a favor: Andrés Fantoni, Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas, Juan Guarderas Cisneros, Jazmín Enríquez Castro y Johanna Verdezoto del Salto.

Se abstuvo la consejera Nicole Bonifaz López, quien lamentó tomar esa postura, pero argumentó que lo que estaba planteado en el orden del día no se trató, que no hubo un informe jurídico previo respecto del reglamento y que en su contenido no se establecía con precisión el cuadro de valoración de méritos para aquellos ciudadanos que se postulen a ser parte de la comisión ciudadana, que será la que desarrolle el concurso público de méritos, oposición e impugnación, bajo la supervisión del CPCCS.

Entre las novedades para postular a este cargo, se integró un artículo en el que se fija como una prohibición el haber ejercido el patrocinio judicial como defensor particular, en los últimos diez años, en causas relacionadas con delitos de crimen organizado que suman alrededor de 37, como terrorismo, genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheid, delitos de lesa humanidad, trata de personas; tráfico de órganos.

Entre otros, turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercio de órganos; explotación sexual de personas; prostitución forzada, turismo sexual, pornografía con utilización de menores de edad; comercialización de pornografía de menores de edad, sicariato, organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; actividad ilícita de recursos mineros; almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, financiación del terrorismo, delincuencia organizada y otros más.

El consejero Augusto Verduga destacó el que hayan logrado acuerdos y la inclusión de aspectos como como que habrá una facultad de verificación, en la que el Consejo tendrá la facultad de solicitar información de un postulante a las instituciones del Estado para verificar la veracidad de los documentos que presente de su expediente.

Así también, la rigurosidad con la que se aplicaría una prueba oral sobre casos prácticos, a la que se oponía en un principio, pero aceptó su inclusión.

En esencia, los méritos se puntuarán sobre 50 puntos; y, se tomará una prueba oral que se puntuará sobre 20 puntos y escrita sobre 30 puntos.

Sin embargo, esta prueba oral y escrita la rendirán los concursantes después de la fase de impugnación, de acuerdo con el reglamento que aprobaron este miércoles.

Como facultades que tendrá el Consejo de Participación Ciudadana está el de la posibilidad de declarar la nulidad total o parcial del concurso público o también declararlo desierto en el caso de encontrar que la comisión ciudadana vulneró disposiciones constitucionales o legales.

Durante el debate, Augusto Verduga expresó su molestia con Fantoni por haber criticado su propuesta inicial de reglamento afirmando que permitía la participación de los reos de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, La Roca.

Fantoni se disculpó con él y explicó que en ocasiones el debate político «sube de tono». Pero agradeció a todos y dijo sentirse orgulloso de concretar esta fase con «madurez».

Guarderas criticó a Verduga y tildó a su proyecto borrador que presentó semanas atrás de «correísta» (en referencia a la afinidad con el expresidente Rafael Correa) y que facilitaba la participación de «narcopostulantes».

Enfatizaba además que lo que se aprobaba eran textos propuestos por él y otras consejeras, mas no de Verduga.

Al contrario, Verduga no se mostró sorprendido de las expresiones de su contendor, porque «se esperaba su show del día» le dijo y le aseguró que tendrá un titular en un portal digital.

Fantoni no secundó la crítica de Guarderas y aclaró que «no importa» quién haya hecho el reglamento, sino que hubo aportes de los despachos de los siete consejeros.

Una vez expedido el reglamento, el Consejo deberá conformar la veeduría ciudadana que vigilará la ‘transparencia’ del proceso, para luego convocar a la integración de la comisión ciudadana de selección.

Luego, se convocará a la elección de un titular de la Fiscalía para los siguientes seis años. (I)