Mientras en la Asamblea se caía el juicio a la fiscal del Estado, las dos figuras más visibles del medio digital La Posta se iban del país lanzando acusaciones contra ella, el Consejo de Participación Ciudadana aprobaba un reglamento fuertemente cuestionado y en EE. UU. se efectuaba la audiencia en la que debía conocerse la sentencia de condena del excontralor Pólit. Aparte del lugar central que ocupa la Fiscalía en los tres primeros hechos (e indirectamente en el cuarto), lo que vincula a todos estos es el avance de la corrupción y la delincuencia en todos los espacios de la vida nacional. Ese es el hilo conductor de los asuntos que vienen ocupando las primeras planas de las noticias por varios años y que constituyen los temas de debate de la política nacional. No se discute sobre las acciones necesarias para eliminar la desnutrición infantil, menos las políticas adecuadas para que el país pueda salir del estancamiento en que se encuentra desde el fin del auge de los precios del petróleo. A unos les paraliza el temor a la violencia, a otros les mueve la posibilidad de utilizarla a su favor.

¿Fiscalización o circo?

Esas dos posiciones se manifestaron claramente en la eliminación del juicio político a la fiscal. El correísmo pretendía aprovechar el juicio para ponerla frente a quienes ella, mediante las pruebas obtenidas, ha identificado como parte de los grupos de delincuencia organizada. Con esa argucia habrían logrado que se cayeran los procesos porque se los hubiera ventilado fuera del ámbito judicial. Muchas de las otras bancadas de la Asamblea, por su parte, previeron la posibilidad, bastante realista, de que algunos de los suyos aparecieran en la información que hubiera tenido que proporcionar la fiscal. Ellos saben que los Muentes, los Aliaga y los Cherres no le hacen asco a ningún membrete político, no son casos aislados y por tanto era imprescindible impedir la apertura de la caja de Pandora. Con todo ello, y razonando de manera contrafáctica, se puede sostener que el país se perdió de contar con el único acto político positivo de iniciativa correísta, ya que la inteligencia de la fiscal podía evitar la trampa que le ponían y dar a conocer más detalles de la podredumbre que nos invade.

La corrupción: un cáncer en expansión

La denuncia de La Posta también tiene los dos ingredientes señalados. Temor, por las consecuencias que pueden tener para ellos las charlas con capos del crimen organizado y utilización por la serie de acusaciones lanzadas en contra de la fiscal, de periodistas, de medios y de gremios de comunicadores. El temor es justificado, sobre todo cuando se ha establecido contacto cercano con jefes mafiosos, hasta el punto de conocer intimidades cuya revelación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La utilización de esos temas para atacar a autoridades y comunicadores es comprensible como defensa, pero no aceptable. La ausencia de pruebas (partiendo de la más básica, que es el celular de un delincuente como fuente principal de la información) contraviene las pautas éticas que deben regir a la comunicación.

Pólit y las cárceles

A esos hechos, que parecen afectar exclusivamente a las alturas, se suma la conducta ciudadana que muy pronto deberá expresarse con su voto. Nuevamente el temor y la ambición por beneficiarse de la inseguridad tejerán el hilo conductor que lleva hasta los representantes que tenemos. Y que nos merecemos. (O)