La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) suspendió la entrega de combustible a las comercializadoras y distribuidoras del grupo Alva3 S.A., consorcio que maneja gasolineras Copedesa, firma que ha sido ligada con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Así lo refirió José Luis Neira, Secretario General de Integridad Pública del Gobierno Nacional, quien a través de un video expuso supuestas irregularidades en las operaciones del grupo.

El jueves anterior, personal de la Agencia, en compañía de militares y policías, colocaron sellos de clausura en la estación de servicio, ubicada en las calles Los Ríos y Clemente Ballén, en el centro de la urbe.

Según datos de la agencia, en 21 estaciones del segmento automotriz se aplicó la misma medida de clausura.

Según Neira, el negocio de combustible ha supuestamente beneficiado a exaccionistas de Copedesa por $94 millones de dólares en los recientes tres años. “Causando un gran perjuicio al estado ecuatoriano”, dijo el secretario de Estado.

En un video, Neira dijo que el supuesto acto ilícito consistía en usar compañías denunciadas para compra de diésel con subsidio que debía ser comercializado en un segmento específico automotriz, industrial o naviero, pero supuestamente en la práctica se lo destinó a otro segmento.

“Por ejemplo se observó que el diésel subsidado del segmento automotriz, Gasquil S.A., se desvió a Corpalubri S.A., que pertenece al segmento industrial, en beneficio de los accionistas ahora exaccionistas de las referidas empresas y así han causado un grave perjuicio al Estado”, refirió Neira.

El cálculo del perjuicio al Estado, dijo, se estimó en base a cálculos de diferencia del precio diésel con subsidio y el precio sin el mismo, y además se multiplicaron diferencias por números de galones vendidos en años 2021, 2022 y 2023.

Además, Neira expuso que se han dado cruces de información de entidades de control y regulación, como el ARCH y Servicio de Rentas Internas (SRI), sobre facturación, comercialización y distribución de combustible autorizado para identificar y denunciar el supuesto comportamiento ilícito.

“Esto no es una persecución política, porque en el momento que se cometió el acto ilícito, uno de los sujetos denunciados era un sujeto sin ninguna afiliación política, que tomó ventaja de la corrupción enquistada en el Viejo Ecuador para beneficiarse, y ahora es quien maneja los recursos públicos de la Perla del Pacífico”, sostuvo al hacer alusión al alcalde de Guayaquil.

Durante la jornada del jueves anterior, personal de la Agencia, en compañía de militares y policías, colocaron sellos de clausura en la estación de servicio, ubicada en las calles Los Ríos y Clemente Ballén, en el centro de la urbe.

Según datos de la agencia, en 21 estaciones del segmento automotriz se aplicó la misma medida de clausura.

Once personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde Alvarez, sus tres hermanos y la empresa Copedesa, ligada a esa familia, son señaladas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en una denuncia puesto por el presunto delito de tráfico de combustible.

El pasado 23 de julio, la Fiscalía del Guayas ejecutó allanamientos en Milagro y Guayaquil en el marco de una investigación por presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. El caso fue bautizado como Triple A.(I)