El Ecuador debiera definir si va a permitir que siga el control de territorios a cargo de los grupos delincuenciales organizados y el narcotráfico, con la ayuda y defensa de la narco política, o busca mayor ayuda internacional de países desarrollados de Occidente.

El dilema es: se permiten bases irregulares como sucediera en Angostura en el 2008, con la anuencia del poder de turno y la violación de la soberanía, o si se logra la colaboración eficaz de países de Occidente, como ocurriera durante una década (1999-2009) con el Acuerdo de cooperación del Gobierno de EE. UU. concerniente al acceso y uso de las instalaciones de la base de la FAE para actividades aéreas antinarcóticos, el FOL de Manta, firmado en la administración de Jamil Mahuad.

Está en manos de la Corte Constitucional una solicitud del Ejecutivo para que emita un dictamen favorable para canalizar una reforma al artículo 5 de la Constitución, que está vigente desde el 2008, que elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Igualmente, prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Con un antecedente: esta Corte Constitucional ya ha viabilizado acuerdos con EE. UU. para hacer operaciones marítimas, teniendo como juez ponente a su presidente.

Uno de los argumentos exhibidos cuando se aprobara esta Constitución fue el discurso manoseado de defensa de la soberanía, sin reparar que por debajo de hecho se permitía desde el poder la instalación y operación de una base de guerrilleros de las FARC en Angostura (territorio ecuatoriano), lo que determinó la incursión cuestionada de las fuerzas del vecino del norte, pero que asestó un golpe que borró esas instalaciones y logró la muerte de los irregulares armados, a la cabeza el segundo de esa organización.

Un año después de haberse investigado el caso, una respetable comisión, encabezada por el patriota Francisco Huerta, presentó el Informe del caso Angostura (131 páginas), que detalló la penetración y vinculación de estos grupos y en ese año 2009 ya se advirtió que de no tomarse las medidas firmes y oportunas, se corría el riesgo de vivir en un narco estado porque el país había dejado de ser solo de tránsito de la droga para empezar a ser un lugar de procesamiento y exportación.

Contrario a esta recomendación, el gobierno de entonces y sus seguidores, supuestamente revolucionarios, celebraron el fin del acuerdo de cooperación de EE. UU. y su abandono de las instalaciones de la base de Manta, a lo que se sumó la adquisición de radares chinos chimbos, que no sirvieron y se dejó en indefensión al territorio nacional, que hoy vive sus peores consecuencias.

El dinero y el poder han corrompido instituciones, han perforado la justicia y esta situación va a resultar difícil salir sin la ayuda internacional de Occidente, que debiera ser bien precisado. Allí están los ejemplos que durante décadas han vivido Colombia, México. Sin embargo, en lugar de avanzar en esta lucha, el país ha retrocedido, pese a los esfuerzos a través de los años de las fuerzas de seguridad del Estado, que han sido rebasadas y hasta contaminadas. Ojalá la Corte Constitucional viabilice esta reforma para que sea la Asamblea la que apruebe y finalmente sea el pueblo el que vote a favor en las urnas. (O)