El juez de Montecristi (Manabí), Vicente Pico Lozano dio marcha atrás en su decisión de suspender una resolución que contiene el reglamento de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Al contrario, revocó las medidas cautelares y, sin dar lugar a una audiencia pública, archivó un recurso de acción de protección pedido por un abogado de esa provincia.

Un hombre identificado como Kenny Andrés Delgado Pinargote presentó una acción de protección con medidas cautelares en contra de la resolución del Consejo de Participación CIudadana y Control Social (CPCCS) que contiene el reglamento que guiará el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para elegir a un nuevo Fiscal General.

El magistrado aceptó la medida cautelar y suspendió la vigencia de esa normativa el fin de semana último alegando una amenaza inminente a los derechos de participación de Delgado y convocó a una audiencia para el 29 de octubre y resolver la acción.

Sin embargo, este miércoles 25 de septiembre de 2024, el juez Pico dictaminó en un fallo que las medidas cautelares que él mismo aprobó «no cumplen con los requisitos» establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional «lo cual la convierte en improcedente y se trata de incompetencia del suscrito juzgador al conocer y tramitar una acción de protección».

De esa forma revocó la medida cautelar, es decir, levantó la suspensión de la vigencia del reglamento — que no ha sido publicado en el Registro Oficial — y archivó la acción de protección.

El Consejo de Participación solicitó la revocatoria de estas decisiones y en un escrito enviado por Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, le aclaró que el reglamento no es susceptible de una acción de protección y con su actuación se produjo «una grosera desnaturalización» de las garantías jurisdiccionales y una afectación a las potestades del organismo.

En esa línea, Fantoni le advirtió que su conducta recaería en un error inexcusable e incluso en el posible cometimiento del delito de prevaricato.

Finalmente, el juez no avanzará con este caso e incluso indicó que no calificaría en ese momento el «abuso del derecho» que le inculpó Fantoni.

Federación Nacional de Abogados pide a Andrés Fantoni modificar reglamento

En tanto, en Quito, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade) entregó al presidente del Consejo, Andrés Fantoni, sus propuestas de artículos para que sean tomados en cuenta ante una posible reforma que se haga al reglamento para elegir a un próximo Fiscal.

Un encuentro directo mantuvo el presidente de la Fenade, Paúl Ocaña con Andrés Fantoni Baldeón, para hacerle conocer las inquietudes del gremio.

Ocaña detalló la preocupación sobre varias disposiciones, entre ellas, la prohibición para que quienes aspiren a ese cargo hayan defendido causas relacionadas con crimen organizado, narcotráfico, delitos sexuales, y otros 30 tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

«El hecho de que estemos aquí (CPCCS), no quiere decir que estemos del lado incorrecto, de tapar o negarnos a decir que hay corrupción, pero consideramos que esta normativa estaría violando los derechos constitucionales de las personas. Más allá del objetivo trazado de tener el mejor Fiscal, alejado de la corrupción, posiblemente se esté limitando a las personas que quieran participar», le expresó Ocaña a Fantoni, en una reunión reservada que se produjo este 25 de septiembre de 2024 en Quito.

Para Ocaña el reglamento es perfectible y manifestó que si lo que se busca es un fiscal con conocimiento en el campo penal, sería «contradictorio tener un fiscal que no haya defendido alguno de estos casos. Pero eso no quiere decir que nos convierte en parte de la delincuencia», precisó el directivo.

Este diálogo se produjo por iniciativa de la Fenade, luego que el 11 de septiembre pasado, seis vocales del Consejo de Participación Ciudadana aprobaron dicho articulado que ha sido objeto de críticas de este sector de la sociedad civil y la academia.

De su lado, Fantoni admitió que la norma es perfectible y comprometió la intención de elegir a una autoridad proba para esa función.

Aunque el reglamento se aprobó, el proceso para elegir al reemplazo de Diana Salazar Méndez, cuyo periodo acaba en abril del 2025, no ha empezado en el CPCCS. (I)