El juez de la Corte Nacional (CNJ), Marco Rodríguez, dictó prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico y la presentación periódica ante una autoridad judicial para la exasambleísta Bella Jiménez por un presunto delito de concusión. La decisión se tomó la noche de este martes, 8 de octubre de 2024, durante la audiencia de formulación de cargos en contra de la exlegisladora y otras tres personas más.
Ellos fueron detenidos en un operativo liderado por la Fiscalía, en Guayaquil, en horas de la mañana. La audiencia en contra de los cuatro detenidos se instaló a las 22:35 y se extendió hasta las 01:06 minutos de este miércoles, 9 de octubre de 2024. En la diligencia estuvo presente de forma telemática la fiscal general, Diana Salazar, quien inició la diligencia sustentando la acusación en contra de los sospechosos.
La funcionaria indicó que esta investigación comenzó en abril de 2021 cuando la señora Bella Jiménez ya gozaba del cargo de asambleísta. Por eso, señaló que la diligencia se realizaba en la CNJ, pues la exlegisladora tendría fuero de Corte Nacional. Según la investigación fiscal, la exasambleísta, a través de familiares como su hijo y su hermano, solicitó $3.000 y $2.500 a dos personas para otorgarles los puestos de asesor 2 y asistente 1, respectivamente, en la Asamblea Nacional.
La fiscal Salazar presentó los cheques y transferencias que habrían entregado a la exasambleísta y a sus familiares. Para corroborar la negociación, la fiscal develó los oficios que habría gestionado la exlegisladora para pedir a la Asamblea la vinculación de las dos personas como parte de su equipo personal.
Por estos motivos, la titular de la Fiscalía solicitó al juez Rodríguez que formule cargos en contra de los sospechosos y pidió que para garantizar su comparecencia en el proceso se les ordene la prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico. Además, solicitó la retención de cuentas bancarias por un valor de $5.000 y la prohibición de enajenar bienes por $20.000.
La Fiscalía pidió estas medidas cautelares debido a que, según Salazar, no había riesgo de fuga de los imputados.
Los abagados defensores de la exasambleísta estuvieron de acuerdo con la petición de Fiscalía y solicitaron que las presentaciones periódicas las pueda realizar ante autoridades judiciales en la ciudad de Guayaquil. Por otra parte, los abogados de los otros procesados pidieron que no se imponga el grillete electrónico.
Al final de la diligencia, el juez Rodríguez aceptó la solicitud de Fiscalía e impuso las medidas cautelares antes mencionadas. La instrucción fiscal de este caso se extenderá por 90 días. (I)
