Las bancadas de la Revolución Ciudadana y del PSC en la Asamblea Nacional no lograron los 92 votos que requerían para censurar y destituir a la ministra del Interior, Mónica Palencia. El resultado confirma lo que diversos sectores venían advirtiendo: la inconsistencia de un proceso desde su inicio. Los votos en contra y las abstenciones reflejaron el mensaje de la ciudadanía contraria al abuso del control político. Es un alivio no solo para el Gobierno, sino especialmente para la población que observaba muy preocupada cómo se pretendía desestabilizar la gestión de la seguridad pública, justo en momentos críticos para el país. Sin embargo, el episodio deja importantes lecciones.

El artículo 131 de la Constitución establece que los ministros de Estado pueden ser llamados a juicio político “por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley”. No obstante, los proponentes del juicio nunca concretaron en su acusación cuáles fueron las obligaciones específicas incumplidas por la ministra Palencia, en teoría relacionadas directamente con los resultados en materia de seguridad que pretendían cuestionar. Es que en el irregular procedimiento no aparece algún señalamiento acusatorio pertinente a ¿qué obligaciones constitucionales o legales específicas incumplió la ministra? Ni pruebas documentales o testimoniales que demostraran la falta de implementación de planes contra la delincuencia organizada.

Particularmente revelador fue que el proceso avanzara hasta la votación final, a pesar de que la propia Comisión de Fiscalización no logró aprobar un informe que recomendara el enjuiciamiento (aunque el Pleno pueda dar paso al mismo). Esta anomalía procesal, junto con la indiscutible falta de sustento probatorio, probablemente influyó en los votos en contra y las abstenciones, reconociendo implícitamente las debilidades del proceso. Además, el precedente sentado por el Departamento de Estado de EE. UU., que restringió la visa de ingreso a ese país a 100 diputados guatemaltecos “por socavar la institucionalidad democrática”, posiblemente pesó en los cálculos de varios legisladores al momento de emitir su voto o abstenerse.

Pero el mecanismo del juicio político se degrada cada vez más. El uso ilegítimo –como herramienta de presión política y plataforma electoral–, aunque haya fracasado en su objetivo en esta ocasión, permite socavar la democracia. La facilidad para iniciar un proceso de interpelación, aun careciendo de sólidos fundamentos, está a la vista.

Es de reconocer, eso sí, el aporte importante de quienes –con su voto negativo o su abstención– no dieron paso a la destitución de la ministra Palencia, lo que ayudará a mantener la estabilidad institucional necesaria para la seguridad nacional y la contención de la violencia delincuencial.

El fracaso de los interpelantes no es el final de la historia. El verdadero desafío consiste en asegurar que los futuros juicios políticos se fundamenten en pruebas sólidas y no animados por cálculos electorales o intereses transables. Solo así podremos preservar la legitimidad y eficacia de los mecanismos constitucionales de fiscalización. (O)