En estos días, es frecuente leer o escuchar a analistas decir que un número, no menor, de ecuatorianos sufren por sobreendeudamiento, porque han llegado a acumular deudas que exceden a su capacidad de pago. Es decir que los ingresos que obtienen por sus diferentes actividades (laborales, comerciales, servicios, etc.) no son suficientes para cumplir con los pagos regulares, provocando un desequilibrio entre la deuda y los ingresos, lo que produce un deterioro en la salud financiera del deudor.

En busca de sentido

La vida ecuatoriana hoy

Este hecho se refleja en el comportamiento del índice de morosidad del sistema bancario y del de cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 (Coacs 1) en Ecuador, que ha crecido constantemente desde diciembre de 2022, fecha en la que se levantaron las medidas de alivio financiero, emitidas por el regulador, con el propósito de paliar, en los deudores e instituciones financieras, los efectos negativos de la pandemia COVID-19, pasando de 2,2 % en diciembre 2022 a 3,7 % en septiembre 2024 en el caso de los bancos y, en las Coacs 1 de 3,9 % a 8,8 %. Según se aprecia, el porcentaje de créditos que tendrían atraso en los pagos respecto al total de créditos otorgados por una entidad financiera se ha elevado, debido a que un número de prestatarios (en aumento) no está cumpliendo con sus pagos. Así también, se observa que una parte importante del incremento de la morosidad corresponde al segmento de créditos de consumo, que pasa de 3,0 % en diciembre 2022 a 5,4 % en septiembre 2024 en los bancos, y en las Coacs 1, de 3,0 % a 7,0 % en dichas fechas.

Se pueden ensayar varias razones sobre el endeudamiento y morosidad: (I) Que con la salida del confinamiento por la pandemia COVID-19, por la flexibilización de las normas de bioseguridad, el establecimiento del plan de vacunación nacional y la lenta recuperación de las actividades económicas, los individuos tendieron a consumir lo que tenían represado. (II) Que las instituciones financieras ofrecieron una gama más amplia de productos y servicios financieros, como “facilidades de acceso al crédito” con cierto relajamiento de la debida evaluación del deudor. (III) Limitada “educación financiera” que llevó a varios ciudadanos a decisiones inadecuadas sobre el uso del crédito y falta de planificación de sus ingresos-egresos. (IV) Condiciones económicas adversas posteriores a la pandemia, ya que el PIB y el empleo formal no crecieron en la misma magnitud que el consumo, con los posibles impactos negativos en la capacidad de pago de los deudores.

Se nota además un debilitamiento en la tasa de crecimiento de los créditos, pues las instituciones financieras frente a la situación de vulnerabilidad económica e incremento del riesgo de crédito (mora) actúan de forma prudencial.

Urge una vez más promover: (I) programas de educación financiera para prevenir el sobreendeudamiento, con énfasis en la cultura del ahorro, planificación financiera y adecuada gestión de las deudas y obligaciones; (II) evaluaciones técnicas de crédito de las instituciones financieras que administran los recursos de los depositantes. (O)