Simplemente, en Ecuador no funcionan a cabalidad las instituciones; no se ofrece seguridad jurídica y uno de los obstáculos fundamentales es la impunidad que se observa en la administración de justicia. Resulta cuesta arriba lograr sentencias condenatorias por corrupción, más allá de lo que sí se ha podido lograr.
No contentos con los fallos y de ir a la cárcel o estar prófugos de la justicia, la lucha no termina por tomarse la Función Judicial, buscar el nombramiento de jueces coludidos para lograr la revisión de sentencias o declarar la nulidad de los diversos procesos llevados a cabo, mientras en el país y en el exterior se engaña con el argumento de persecución política, en lugar de haber presentado pruebas de descargo durante los procesos.
Qué contraste con otros países como Perú, en donde hay una sólida institucionalidad y un ejemplo para las administraciones de justicia de la región que facilitan la impunidad en la que viven. Ha tenido siete presidentes procesados judicialmente por corrupción, de los cuales dos fueron sentenciados.
Alberto Fujimori, condenado a 25 años por violación de los DD HH y homicidios, que estuvo en la cárcel más de 15 años y salió por indulto a morir en familia. Alejandro Toledo acaba de ser sentenciado a 20 años por lavado de activos y colusión tras recibir 35 millones de dólares de Odebrecht.
El expresidente Ollanta Humala estuvo temporalmente preso por corrupción, lavado de activos en detrimento del Estado y de asociación ilícita para delinquir en el caso emblemático de Lava Jato.
Hoy está en la cárcel el expresidente Pedro Castillo investigado por intento de golpe de Estado al pretender violar la Constitución y atentar contra el ordenamiento jurídico.
El expresidente Alan García se suicidó cuando iba a ser llevado a la cárcel por su vinculación a los actos de corrupción y el pago de coimas que entregara la empresa brasileña Odebrecht.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado por lavado de activos con agravante de organización criminal, en medio de nuevas indagaciones que han sido solicitadas. PPK concedió el indulto a Fujimori con el argumento de pacificar al país, aunque no se pudo concretar.
El expresidente Martín Vizcarra, que fuera destituido por el Congreso por supuestamente recibir sobornos, investigado por liderar una presunta banda criminal denominada los intocables de la corrupción.
Este ejemplo de Perú contrasta con otros países que les ha costado mucho procesar y sentenciar a mandatarios corruptos. En Ecuador fueron sentenciados a 8 años, por cohecho agravado al comprobarse actos de corrupción, el ex presidente prófugo y el ex vicepresidente que está en la cárcel, pero que siguen buscando impunidad y cómo eliminar las sentencias. Incluso el segundo fue sacado de la Embajada de México, que le había protegido pese a ser un condenado y perseguido por la justicia, con dos sentencias ejecutoriadas y otros procesos en desarrollo.
México, país que según la denuncia pública hecha por una senadora, se ha tornado en protector de criminales, insiste en defender a un condenado por corrupción y quiere sacar de la cárcel con salvoconducto, algo que no puede admitirse. (O)