En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se analizan las medidas de alivio financiero que las entidades bancarias han implementado durante esta crisis energética. La mesa legislativa recibió este lunes, 28 de octubre de 2024, a los representantes de las superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, a los gerentes de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), así como al presidente de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca).

En las comparecencias, los legisladores pidieron detalles de las acciones que las entidades han tomado para aliviar económicamente a las personas que por la crisis energética no han podido cumplir con sus obligaciones financieras.

Antonieta Guadalupe Cabezas, superintendenta de Bancos subrogante, informó que propuso a la Junta de Política y Regulación Financiera que emita una resolución para que exista un diferimiento extraordinario de las obligaciones por vencer hasta por 90 días en las operaciones financieras de crédito de consumo, como tarjetas.

En cambio, la superintendenta de Economía Popular y Solidaria explicó que se activaron unos mecanismos de control para que las cooperativas presenten planes de contingencia.

El Banco de Desarrollo también dio detalles de sus actividades. La entidad indicó que activó dos fases: el levantamiento de una canasta de proyectos en el ámbito energético y la búsqueda de una línea de crédito internacional. Esto último se está gestionando a través del Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo.

Entre tanto, el gerente subrogante de la CFN, Bolívar Severino, detalló las diferentes líneas de crédito que maneja la entidad y las medidas adoptadas para el alivio financiero. Específicamente, indicó que están en la búsqueda de alternativas que apoyen a las personas emprendedoras que no pueden contar con garantías para una reestructuración porque no tienen activos, como terrenos, oficinas u otros bienes.

Pese a esto, los miembros de la Comisión recomendaron a las instituciones que se busquen acciones que beneficien directamente a la ciudadanía durante la crisis. Los miembros detallaron cuatro alternativas. Entre estas están la suspensión de procesos coactivos, la reestructuración del costo de los créditos, la reestructuración de los plazos de pago y la suspensión del cobro de tasas de mora. (I)