Seguridad, derechos de pueblos indígenas, violencia de género, libertad de expresión, crisis carcelaria e independencia judicial fueron los principales ejes sobre los que el Estado ecuatoriano tuvo que responder ante el Comité de Derechos Humanos (CCPR) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre el 28 y el 29 de octubre de 2024 se llevó a cabo el 142.° periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos, integrado por 18 expertos independientes, en el que se supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Ecuador debía presentar su VII Informe Periódico.

El cónclave se produjo en el seno de la ONU en Ginebra, a la que asistieron delegados del Gobierno nacional y autoridades, como el titular de la Procuraduría General, Juan Carlos Larrea Valencia, como cabeza de la misión.

El objeto era que Ecuador informe sobre el cumplimiento del Pacto —en lo que han transcurrido los gobiernos de Lenín Moreno Garcés y Guillermo Lasso Mendoza—, en medio de la crisis económica, de inseguridad, carcelaria y la falta de independencia judicial, que fueron las principales preocupaciones de varios de los comisionados.

No obstante, una inquietud se relacionó con las denuncias que se tramitan en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) impulsadas en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, quien se desempeña como embajadora en Israel y que a su vez ella impulsa en contra del mandatario Daniel Noboa Azín y otros actores de su administración por violencia política de género.

No hubo respuestas a esa pregunta, que la hizo el comisionado Rodrigo Carazo (Costa Rica).

Respecto de los demás temas, las respuestas que dio la representación ecuatoriana no fueron bien recibidas porque hacían referencia, en algunos casos, a lo que dicen las leyes vigentes y la Constitución.

Una consulta fue sobre la independencia judicial, en consideración de la intromisión de los actores políticos en la justicia y la selección de autoridades como jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y de un titular de la Fiscalía General del Estado, en reemplazo de Diana Salazar Méndez, cuyo periodo culmina en abril del 2025.

Además, de los asesinatos de jueces y fiscales y la injerencia del crimen organizado en los fallos, que se observaron en casos como Metástasis.

El procurador recordó que la Constitución garantiza la independencia judicial y añadió que los organismos pertinentes están llevando a cabo los procesos de selección de autoridades con evaluación, autonomía y transparencia.

Su respuesta no satisfizo a Carlos Gómez Martínez (España), quien le llamó la atención por hacer alusión a las normas que son ya conocidas.

«Me preocupa que la respuesta a la inquietud sobre la situación de la justicia sea la apelación a la Constitución y a la ley; eso ya lo sabemos, conocemos los instrumentos legales. Tenemos fuentes fiables que informaron que hay jueces y fiscales que han sido asesinados y, también sabemos por fuentes fiables que hay jueces y fiscales que están siendo corrompidos. Se trata de una situación gravísima, porque cuando la institución encargada de perseguir la corrupción está ella misma corrompida o infiltrada por las organizaciones criminales, la situación del país es realmente de alarma, el Estado de derecho está en peligro. Y las respuestas que se me han dado es que se han adoptado medidas para dar seguridad a las personas que entran a laborar en las dependencias judiciales, cuando sabemos que algunos de los que han sido asesinados ha sido fuera de sus dependencias de trabajo. Es urgente que en Ecuador se adopten medidas importantes para que la población pueda volver a confiar en la justicia», cuestionó Gómez.

Adicionalmente, sobre el nombramiento de autoridades que debería producirse en el 2025 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lamentó no haber tenido respuestas de cuáles son las medidas de transparencia que se van a ejecutar.

Mahjoub El Haiba (Marruecos) se mostró también insatisfecho por la presentación de la ministra de la Mujer, Ariana Tanca, en cuanto a la atención estatal que se da a casos de violencia de género y feminicidios en el país, así como las denuncias de activistas ambientales y de afectación a los territorios de pueblos indígenas.

El Haiba apuntó a casos como el de la muerte de Aidita Ati, oficial de las Fuerzas Armadas, por el cual seis militares no seguirían siendo procesados luego que la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo por presunto asesinato.

En cuanto al sistema carcelario, se pidió más información al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) de una resolución que abre la posibilidad de que los agentes penitenciarios puedan presentar quejas y denuncias cuando se encuentren en el desempeño de sus labores.

El director del SNAI, Luis Zaldumbide, que fue parte de la misión en Ginebra, detalló que se espera, en al menos 300 días, tener dos nuevos centros carcelarios con una inversión por los $ 52 millones, por cada uno, que albergarían a 800 reos y disminuirían el porcentaje de hacinamiento.

Adicionalmente, informó que en la Presidencia de la República se analiza un proyecto para indultar a más de 600 presos sentenciados por delitos que impliquen penas de menos de tres años y que no hayan atentado a la vida de personas.

Se estudia también integrar 5.000 agentes penitenciarios en los próximos cinco años y continuar con una política denominada Plan Integral de Clasificación de las personas privadas de la libertad (PPL).

Zaldumbide explicó a los comisionados que la violencia en las cárceles de los últimos años se debería a la inadecuada clasificación de los presos, porque se los unía dependiendo de la banda criminal a la que pertenecen, cuyo resultado ha sido el fortalecimiento de sus estructuras en lugar de debilitarlas.

En materia de migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Ecuador ha entregado residencia temporal a 96.000 extranjeros oriundos de Venezuela y se trabaja para que, próximamente, tres de cada cuatro accedan a una condición migratoria regular.

Sobre libertad de expresión, el Comité pidió explicaciones por las acciones que ha tomado el Estado para evitar amenazas y atentados a los periodistas y respuestas ante el asesinato del equipo de periodismo de diario El Comercio ocurrido en el 2018.

Al final de la comparecencia, el procurador Juan Carlos Larrea pidió al Comité que al elaborar su informe sobre el cumplimiento del Pacto tome en cuenta que Ecuador es un «país comprometido con el derecho internacional y el respeto de los derechos humanos» y que reconozca los avances que se han hecho para su cumplimiento. (I)