En audiencia pública se escucharán las pruebas de cargo y descargo en la denuncia por presunta violencia política de género que planteó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en contra del presidente Daniel Noboa, a quien lo acusa de incurrir en ocho conductas, entre ellas exiliarla en Israel.
En Quito, este 8 de noviembre de 2024, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega Caicedo instaló la audiencia de práctica de pruebas, en el trámite de esta denuncia por violencia política de género que impulsa la vicepresidenta Verónica Abad Rojas.
Ella denunció a Daniel Noboa Azín, a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld Rosero y, dos de sus excolaboradores y ahora candidatos a asambleístas por ADN, Diana Jácome y Esteban Torres.
Los acusa de haber incurrido en violencia política con base en lo contemplado en los artículos 279 y 280 del Código de la Democracia, que la tipifica como infracción electoral muy grave.
La enemistad pública entre el presidente y la vicepresidenta, es el origen de este proceso.
Noboa envió a Abad a Israel como embajadora de Ecuador por la paz, y por el conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente dispuso su traslado temporal a Ankara (Turquía), en donde se encuentra ahora despachando desde un hotel de la ciudad.
La segunda mandataria reclama que Noboa, Sommerfeld y los exfuncionarios han emitido actos y declaraciones que la han afectado y le impedirían desempeñar sus funciones para evitar que pueda asumir la Presidencia de la República en una posible ausencia temporal del mandatario.
Este viernes, el juez Ortega inició la audiencia a las 10:00, aunque previamente uno de los abogados de los denunciados pidió que se declare en abandono la denuncia porque Verónica Abad no se encontraba de forma presencial.
Su abogado, Daniel Armijos contó que Abad solicitó permiso con cargo a vacaciones para poder asistir a esta audiencia, pero hasta el momento, no ha tenido respuesta.
Finalmente, el juez señaló que la Vicepresidenta designó a sus abogados y ellos ejercerán su defensa.
De forma virtual participaron Jácome y Esteban Torres, ex asesora y ex viceministro de Gobierno, respectivamente, del régimen.
La defensa de Abad individualizó las acusaciones y manifestó que al presidente de la República se lo acusa de ocho conductas que configurarían violencia política, esencialmente, de disponer un “exilio forzoso” a Israel, que es un país en guerra.
A la canciller Sommerfeld de haber restringido su libertad de expresión, y, entre otros hechos, de impedir que haga uso de sus derechos laborales.
A Torres y Jácome de haber hecho expresiones que menoscabaron su imagen pública.
La audiencia se extenderá por varias horas y con esto, Ortega elaborará su proyecto de sentencia, que será de primera instancia.
De haber inconformidad en cualquiera sea su decisión, las partes procesales podrán apelar para que el pleno de jueces se pronuncie en última y definitiva instancia.
Las sanciones por esta infracción electoral muy grave es una sanción económica de hasta 70 salarios, suspensión de derechos políticos hasta cuatro años y/o la destitución del cargo.
En contraste, la canciller Sommerfeld y Jácome denunciaron a Verónica Abad, por la misma causal de violencia política de género que están en trámite en otros despachos de los jueces del TCE. (I)
