El primer deber que la Constitución impone al presidente de la República es el de cumplir las leyes. Un mandato obvio que deviene del Estado de derecho, sujeto a normas y no al capricho del gobernante como era antaño. Cierto es que leyes ha habido que han reflejado el interés del poder dominante, como ocurrió en Sudáfrica con el apartheid y, por ende, era legítimo que sean desobedecidas por el pueblo; pero si este realmente las declara como su voluntad, por contribuir a su bienestar, deben ser acatadas. El jefe del Estado debe poner el ejemplo para alentar a los ciudadanos a que lo hagan.

¿Ocurre ello en Ecuador? Veamos. El mandatario ordenó la incursión policial en la embajada mejicana en nuestro país para capturar al exvicepresidente Glas, a quien México le había otorgado asilo diplomático. Maltratando al encargado de la embajada ejecutaron la detención, que los jueces declararon arbitraria e ilegal, en decisión que fue revocada en segunda instancia, servidora del Ejecutivo. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que son inviolables los locales de las misiones diplomáticas. Glas había sido condenado a prisión, acusado de haber cometido un delito común y, por ello, en principio no procedía que se le conceda asilo, por lo previsto en la Convención sobre Asilo Diplomático, de la que es parte Ecuador. Sin embargo, aquella también prescribe la salvedad de que los hechos que motivan la solicitud de asilo revistan claramente carácter político, teniendo el Estado asilante la facultad de calificar los motivos de la persecución. México lo hizo y no puede ser objetado, más bien debería el Gobierno ecuatoriano haberle conferido al refugiado para que salga del país, de acuerdo a la Convención; no lo hizo y adujo, sin probarlo, que quería fugarse. Se transgredió, pues, ese instrumento internacional, que es ley para las partes. A México lo honra una larga tradición de ser refugio de perseguidos políticos, que ha sido respetado. Nuestro Estado deberá responder por la violación y el engaño. Se trata de defender un principio de respeto consagrado en el derecho internacional, no a ningún partido político.

Después le revocaron la visa permanente a una periodista cubana que tenía más de 20 años en el país, crítica del Gobierno nacional. Había usado el himno para censurar al mandatario. “Por respeto al país”, explicaron la medida, mas, como ello evidenciaba conculcar su libertad de expresión, inventaron el grave cargo de haber atentado a la seguridad pública y estructura del Estado, del que nunca le notificaron debidamente y no ha podido defenderse por no haberse justificado las pretensas infracciones. Interpuso la víctima una acción de protección, que una jueza genuflexa negó y aún no se resuelve su apelación. No interesa si la periodista tiene un eventual nexo con el partido perseguido desde que dejó el gobierno Rafael Correa, quien también utilizó a la justicia para acometer contra sus enemigos políticos. También en este caso se conculcaron la Constitución y los derechos. Y también se mintió. Lo que se hace a un ser humano nos lo hacen a todos. ¡Seguiremos! (O)