La exposición de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ante el pleno de la Asamblea Nacional desató la confrontación entre el oficialismo y los sectores de oposición que cerraron filas para condenar, rechazar y desconocer la sanción aplicada por el Ministerio de Trabajo en su contra.
Abad habló ante el pleno de la legislatura por 37 minutos vía telemática y pidió la intervención de la legislatura ante lo que dijo es un atropello, persecución y violación constitucional de pretender callarla, presionar su renuncia y evitar que pueda asumir la presidencia de la República cuando el primer mandatario pida licencia para hacer campaña por su reelección.
Asamblea Nacional condenó el sumario administrativo contra la vicepresidenta Verónica Abad y las acciones de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez
La estrategia del gobierno fue apelar a la nulidad de la sesión al señalar que la solicitud de Abad, ya rebasó los 30 días desde que la sesión 963 fue suspendida. Ese argumento presentado por Ferdinan Álvarez (exRC), estuvo acompañado de una advertencia a la presidenta de la legislatura, Viviana Veloz, de respetar el debido proceso y que la sesión no debió haberse convocado.
Sostuvo que la legislatura busca defender a “una vicepresidenta vinculada más al narcotráfico, a la mafia que pretende venir a instaurar el caos en el país y a un presidente que ha dado la cara a la delincuencia, que tiene el país en orden, a ese presidente pretenden armarle el caos”.
La vicepresidenta Abad tiene que responderle al país sobre los casos en los cuales su familia está señalada y eso resolverlo ante la justicia, apuntó Álvarez, quien concluyó señalando que la ciudadanía espera mucho más de la Asamblea.
Tras su exposición intervino Veloz para aclarar que está equivocado el asambleísta Álvarez al decir que le advierte, “a mí nadie me amenaza ni amenaza a esta Asamblea Nacional, esta convocatoria goza de legalidad, porque siempre he actuado sobre la base de la legalidad”.
La asambleísta del partido Avanza, Lucía Posso, fue la encargada de presentar la moción, pero antes dijo que estas son horas oscuras para el Ecuador y no solo por el déficit energético, sino porque quien debía cuidar del equilibrio y de la estabilidad del Ecuador es el presidente constitucional de la República “le ha dado la espalda a quienes hemos confiado en él”.
Posso sostuvo que la Asamblea no puede callarse ni ser cómplice de un acto barbárico, de la ruptura del orden constitucional anestesiada. El silencio de esta Asamblea sería otra herida y un nuevo balazo directo al corazón de la Nación.
Ante el pleno comentó que esto no se trata de la señora Verónica Abad, sino de la defensa institucional, pues dijo que esto ataca a la acción perversa a la intención convertida en consigna para evitar que ella pueda acceder a una sucesión presidencial a la Presidencial de la República.
Jorge Peñafiel de la bancada Construye también se alineó al discurso y dijo que miran con sorpresa cómo se está fraguando el poder absoluto desde el Ejecutivo y calificó de artimaña jurídica lo actuado por el Ministerio de Trabajo.
Según el representante de Pichincha, el procedimiento administrativo es una aberración jurídica, es un error jurídico de quienes firmaron y autorizaron estos actos con Verónica Abad. No hay que olvidar lo que el equipo jurídico de la Presidencia hizo lo humano y lo inhumanamente posible para deshacerse de la vicepresidenta Abad, a través de la justicia electoral, pero que al final le quedó el sumario aplicado por el Ministerio de Trabajo, que es el rompimiento de la ley, es ilegal e inconstitucional.
Desde el oficialismo Nataly Morillo (exConstruye), sostuvo que la Asamblea Nacional no debe subordinar su agenda legislativa ni desviar su atención hacia intereses que buscan desestabilizar la institucionalidad y la gobernabilidad, especialmente de aquellos servidores que desde el inicio de sus funciones han sembrado división y conflictividad.
Habló de pactos entre algunas bancadas como herramienta eficaz para la conspiración y desestabilización; y que esa alianza abre sus puertas a cualquier actor que se preste a servir a sus objetivos de manipulación política. Ese acuerdo político no busca el fortalecimiento institucional ni el progreso del país, sino perpetuar la dinámica del poder.
La vicepresidenta Abad al actuar de esa manera, aseguró Morillo, traiciona la confianza de sus votantes, y si no se siente identificada con esta administración, sino comparte sus principios; entonces, tiene una opción honorable: dar un paso al costado y aliviarse con quienes reflejen sus ideales o crear su propio partido político.
Su participación concluyó señalando que defender la equidad de género y nuestros derechos no es sinónimo de oportunismo ni de ambición desmedida.
La ahora socialcristiano, Sofía Sánchez, antes Construye, aclaró que con la vicepresidencia Abad, tiene grandes diferencias conceptuales, y que esta no es un defensa a Verónica Abad, sino una crítica a lo que está haciendo el Ejecutivo, pisoteando la Constitución, por lo tanto, es un tema de institucionalidad.
Cuestionó los pobres argumentos de la bancada oficialista de querer nulitar una sesión que goza de legitimidad en el pleno y afirmó que este tema claro que le interesa al país, porque nos están comparando con dictaduras de otros países. En su discurso defendió la jerarquía normativa ha sido violentada y la Constitución ha sido pisoteada.
La correísta Jhajaira Urresta preguntó a la sala desde cuándo un acto administrativo está sobre la Constitución de la República, y desde cuándo se debe irrespetar el orden constitucional.
Su coideario Blasco Luna también se refirió a la supremacía de la ley, y al referirse al sumario administrativo contra la vicepresidenta Verónica Abad, dijo que la única forma de destituir a la vicepresidenta Verónica Abad, lo contempla el artículo 145 de la Constitución.
También Gissela Garzón de la Revolución Ciudadana sostuvo que la violencia política contra las mujeres es parte de la política de Estado, por lo tanto, dijo que la votación de la resolución que condena lo actuado contra la vicepresidenta Verónica Abad, marca un precedente importante.
“Si ustedes no son capaces de solucionar sus problemas políticos con política, no pretendan utilizar el Estado como les conviene”, reprendió Garzón dirigiéndose al oficialismo y recordó que la lucha por las mujeres como sostiene el Gobierno de Daniel Noboa, no debe excluir a nadie incluida a Abad, que fue la candidata que escogieron para vicepresidenta.
Tras la aprobación de la resolución que condenó las acciones de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, a las que consideran inconstitucionales e ilegales por cuanto estableció un procedimiento especial para sancionar a los funcionarios de elección popular a través de un sumario administrativo, el sector oficialista a través de la coordinadora de la bancada ADN, Valentina Centeno, habló de oportunismo y sed de poder de una persona que pretende y busca llegar a la presidencia de la República para cumplir seguramente con los pactos a los que está llegando con la oposición que tanto la defiende, que en campaña la criticaban.
Al referirse a los pacto, Centeno dijo, que se rumora que lo primero que haría Verónica Abad, es entregar un salvoconducto a ciertos líderes de la Revolución Ciudadana.
Aquí la justicia y las causas de género son selectivas, agregó la representante del oficialismo, porque cuando la Asamblea tenía que pronunciarse sobre los presuntos delitos de corrupción denunciados contra la vicepresidenta de la República, quien a traicionando a la patria y a la confianza de sus votantes, solicitando la destitución del Presidente Daniel Noboa, nadie dijo nada. (I)