Esta última semana el Ecuador ha sido testigo no de uno, sino de dos golpes en contra de la democracia. El primero ocurrió cuando la ministra del Trabajo suspendió a la vicepresidenta de la República a través de un “sumario administrativo”, como si fuera una empleada pública cualquiera. No, no es chiste.

No hay que ser jurista para ver lo cínica y descabellada que es esta maniobra, pero aquí va una explicación: la Vicepresidencia no es una función pública ordinaria, sino que es un puesto de elección popular que goza de protecciones constitucionales reforzadas similares a las que gozan otros puestos, como la Presidencia, las alcaldías y las curules de la Asamblea Nacional. Estas protecciones están ahí porque quienes ocupan esos puestos, nos guste o no, son los que representan la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Es por eso que, entre otras cosas, la vicepresidenta no puede ser removida salvo mediante los mecanismos previstos en la Constitución, concretamente, mediante un juicio político, según lo estipula su artículo 145.

Golpe de Estado

Frente a un muro

Pero entre más uno escarba en el asunto, más barbaridades encuentra. Y es que resulta que como (por razones obvias) no existía ninguna norma que regule un sumario como este, el Ministerio del Trabajo dictó una ad hoc un día antes de iniciarlo. En efecto, el Acuerdo Ministerial MDT-2024-175, mediante el cual se pretende darle un barniz de legitimidad a esta barbaridad, fue dictado el 11 de septiembre de 2024, mientras que el sumario administrativo que sancionó a Abad empezó el día siguiente, el 12 de ese mismo mes. Pero la cereza de este pastel es quizá la razón por la que la vicepresidenta ha sido supuestamente sancionada: el haber viajado a Turquía el 9 de septiembre en vez del 1 de septiembre, como se le había instruido. En efecto, la “falta grave” que supuestamente justifica tirar la Constitución al basurero y suspender a una de las autoridades democráticamente electas de mayor jerarquía del país fue un atraso de poco más de una semana en subirse a un avión.

En paralelo a este atropello, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inhabilitó la candidatura presidencial de Jan Topic el 10 de noviembre, basándose en una dudosa interpretación del Código de la Democracia, según la cual Topic todavía sería el “beneficiario final” de contratos estatales y eso bastaría para removerlo de la papeleta, pese a que la ley indica que esto solo aplica a los representantes legales de las empresas que tengan estos contratos. Una interpretación tan extensiva de la ley electoral sienta un peligroso precedente y atenta contra la seguridad jurídica. Esta descalificación ha generado reacciones a nivel internacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó que la inhabilitación de la candidatura de Topic representaría un “serio revés” para la democracia ecuatoriana.

La suspensión de Verónica Abad y la descalificación de Jan Topic, ocurridos en la misma semana, son golpes en contra de la democracia del país. Independientemente de su ideología, rechazarlos es un deber cívico de todos los ecuatorianos. (O)