La nación se ha escandalizado por la decisión del Ministerio del Trabajo de suspender por 150 días a la vicepresidenta de la República. Y no es para menos: constituye el culmen de la voluntad omnímoda del jefe de Estado, de imponer su voluntad por encima de la ley. Ya no se trata solamente de su disposición de violar una sede diplomática y un derecho de asilo, ni de atentar a la libertad de expresión de una periodista, a su derecho al debido proceso y al derecho del público a escucharla, esta vez, atónitos, advertimos cuán lejos puede llegar un mandatario para cumplir sus mezquinos intereses, que nos recuerda lo que dijo Agustín de Hipona: “La soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande pero no está sano”.

De las primeras dos arbitrariedades escribimos en la primera parte de esta columna. En la primera, el mandatario asumió su autoría. En la segunda y en el ultraje a la vicepresidenta, mandó a sus subalternos a que oficiaran de verdugos.

La Constitución, aunque tiene extraordinarias conquistas, mantiene cierto corte presidencialista de la anterior, por las circunstancias políticas que atravesaba el país cuando vio la luz. Prescribe que el vicepresidente de la República ejerza las funciones que le encargue el presidente, quedando sometido a su arbitrio cuando se rompe su relación, como ocurrió en este caso. Es inaudito que le haya encomendado a la Sra. Abad el cargo de embajadora en Israel, no solo porque lo hizo para no estorbarlo, sino porque resulta muy extraña su designación, cuanto más que siendo la subrogante constitucional del mandatario debía estar en Ecuador a fin de que lo pueda sustituir en el evento de su falta temporal o definitiva.

Es comprensible que un presidente deba contrarrestar el eventual boicot a su trabajo de parte de su compañero binomial; lo inconcebible es que recurra al maltrato, a la calumnia, al atropello de sus derechos y de la ciudadanía para hacerlo. Denunciaron a la vicepresidenta por una supuesta infracción electoral del 2023, le inventaron “denuncias de empresarios por pedir dinero en nombre del Gobierno” que nunca aparecieron, dijeron que ella y su hijo, sin probarlo, tienen cuentas millonarias en guaridas fiscales, acciones propias de un Gobierno filofascista. La joya de la corona de la infamia está en la suspensión de quien por voto popular fue elegida y que solo por censura de la Asamblea Nacional en juicio político puede perder el puesto. Lo hicieron mediante un sumario administrativo espurio, dictado para incluirla, después de la comisión de la infracción a ella atribuida, lo que prohíbe la Constitución. Y se designó a una vicepresidenta encargada, sin esperar a que se venza el término para que la sancionada pueda apelar. Un agravio no únicamente a la vicepresidenta, sino a sus electores, que también tienen derecho a impugnar la decisión judicialmente. Como vemos, la mayor oscuridad está en Carondelet. Podría acaso haberse solucionado oportunamente la disputa con el diálogo; no obstante, prevaleció el poder con su fuerza.

El Estado en su conjunto no cumple la ley. El procurador general del Estado acaba de perder el año ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por su falta de respuesta ante el incumplimiento de Ecuador en la garantía de la independencia judicial, por la impunidad en los asesinatos de jueces y fiscales, de la corrupción en esa área, de la violencia de género y femicidios y atentados a activistas ambientales y a los pueblos indígenas. El funcionario fue amonestado.

Hay otros casos graves, como el del oleoducto de crudos pesados, cuya infraestructura y las acciones de la compañía que lo opera, de propiedad de una empresa petrolera extranjera, el 21 de enero de 2024 debían haber revertido sin costo al Estado después de 20 años de manejo y lucro ajeno, pero que después de infundadas prórrogas se anunció que ocurriría a fines de noviembre, luego de presiones de gremios y personas. Con la reversión, si no se vuelve a entregarlo a la empresa privada, como pugnan algunos dentro y fuera del Estado, este ahorraría US$ 125 millones anuales, según sostienen los trabajadores petroleros. También aquí, al violarse el contrato se violó la ley para ambos.

El Estado y las empresas petroleras, de acuerdo a una sentencia de julio de 2021, debían haber desmontado en 180 días los mecheros que están cerca de los poblados en el Oriente, que queman gas y vidas, produciendo cáncer, dañando casas y cultivos, sin que hasta ahora se la acate y más bien se han incrementado esas fuentes de daño, debiendo los afectados seguir en la querella judicial. ¡No les importa su suerte!

Tampoco cumple el Estado la Constitución, de respetar la voluntad de la ciudadanía, que votó para que en agosto se cierre el Bloque 43 de extracción petrolera del ITT en el santuario que es el Yasuní, llenando de escarnio al pueblo con la clausura “simbólica” de uno de los 247 pozos, que siguen envenenando a los pueblos indígenas no contactados y al medioambiente. La Corte Constitucional no exige aún el acatamiento de la voluntad popular.

Maquiavelo decía: “Un príncipe es elogiado por cumplir su palabra. Sin embargo, también es elogiado por la ilusión de ser confiable en cumplir su palabra”. Quienes apoyan sin condiciones al príncipe de Ecuador, por sus intereses o su ingenuidad, mantienen esa ilusión. (O)