Alias ‘Diablo’ recibe en el caso Metástasis la pena agravada de nueve años y cuatro meses de cárcel al ser ubicado como colaborador de una ‘empresa criminal’ | Política

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Alias ‘Diablo’ recibe en el caso Metástasis la pena agravada de nueve años y cuatro meses de cárcel al ser ubicado como colaborador de una ‘empresa criminal’ | Política | Noticias

noviembre 25, 2024

Una pena de cárcel agravada de nueve años y cuatro meses es la condena que impuso, de forma unánime, un Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) al exjuez nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, alias Diablo, y a otros once exservidores públicos condenados por colaborar con una “empresa criminal” investigada bajo el delito de delincuencia dentro del caso denominado Metástasis.

Los jueces del Tribunal de Juzgamiento de la CNJ, Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, hicieron pública su resolución en una lectura de ocho horas, casi once meses después de iniciado el procesamiento penal en el que se llamó a juicio a 30 personas, pero solo 21 se mantuvieron presentes en la etapa de juicio. Tras 28 días de audiencia en Metástasis, el viernes 22 de noviembre pasado, Caicedo, Rodríguez y Loaiza ingresaron a deliberar.

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“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. Con esa frase, pasadas las 10:40 de este lunes, 25 de noviembre, instaló formalmente la presidenta de la sala, adelantando que la decisión adoptada fue unánime, es decir, los tres magistrados se encontraban de acuerdo en todas y cada una de las determinaciones definidas.

Caicedo explicó que iniciaba con esa frase la diligencia porque durante el desarrollo del juzgamiento lo que se ha discutido es acerca de la tiranía que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia y cómo esta justicia se ha visto afectada por la interferencia e injerencia de grupos organizados.

De entre los servidores públicos investigados, únicamente Jhon C., agante fiscal de Fedoti Guayas, recibió un sobreseimiento, esto debido a que el Tribunal de Juzgamiento tenía dudas de su intervención para beneficiar a los integrantes de la organización manejada por Norero. A decir de Caicedo, respecto a este procesado no se ha demostrado la relación directa con la red de corrupción ni se habría evidenciado que desde su posición tenía la forma de incidir en procesos que tenían que ver con Norero o sus familiares.

Otras cuatro personas también fueron ubicadas como colaboradoras; pero, al no haber cumplido la agravante de ocupar un cargo público durante los momentos en que se cometió el delito analizado, recibieron el máximo de la pena determinada en el segundo inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir, la pena de cárcel de siete años.

En el caso de la excomisionada de Pacificación de las Cárceles, Claudia G., y de los abogados en libre ejerccicio Sofía G. y César A., pese a ser ubicados como colaboradores, en su caso se tomaron en cuenta atenuantes y recibieron una pena reducida en un tercio de la pena máxima de siete años; es decir, su condena fue de tres años y cuatro meses de prisión.

El único de los procesados que obtuvo una pena de diez años de cárcel, la máxima pena señalada en el artículo 369 del COIP, primer inciso, fue Xavier Alexander N. A., uno de los líderes de la organización, conocido en el expediente de Metástasis con el alias Novi o Novita.

Los sentenciados en Metástasis fueron acusados de integrar una “empresa criminal” que estaba manejada por el narcotraficante asesinado en octubre de 2022 Leandro Norero, organización que mantenía como objetivos, infiltrando a la justicia y sobornando a jueces, el obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada sobre casos penales que estaban en curso por lavado de activos, narcotráfico o tráfico de armas.

El tribunal señaló que la prueba presentada, por ejemplo, los chats que fueron encontrados en tres celulares de propiedad de Norero, dan cuenta de una realidad que se va compaginando con la realidad; es decir, todo lo que se hablaba entre los procesados se cumplía más adelante en la realidad. La sala advirtió que todos los procesados tenían consciencia de los actos ilegales que cometían, más aún porque en su mayoría los sospechosos eran abogados, jueces, fiscales, peritos, policías, funcionarios judiciales, de Fiscalía, del sistema penitenciario.

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Para los juzgadores quedó comprobado que esta organización delictiva se estructuró en torno a las necesidades que mantenía Leandro Norero respecto a tener beneficios en el interior del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, en el que estuvo hasta que fue asesinado el 3 de octubre de 2022, o a conseguir sentencias judiciales que permitieran la salida de la cárcel de los dos hermanos y la esposa de Norero, procesados por delito de lavado de activos.

Para conseguir estos objetivos, se dijo en la sentencia, se habría manipulado la justicia, se sobornó a jueces de diversos niveles, se coimó a funcionarios judiciales y penitenciarios, se compraron policías y fiscales, se usaron sistemas oficiales y públicos para perseguir personas y se planificaron secuestros, asesinatos y otros delitos. Todos estos actos ilícitos, a decir de Caicedo, se cometían con el fin de generar impunidad o, lo que es lo mismo, que no se castiguen todos estos comportamientos contra la ley.

Tanto de alias Novi o Novita y de alias Diablo, el Tribunal de Juzgamiento hizo conocer cada uno de los elementos de prueba que confirman que ambos tienen una responsabilidad específica desde su rol de liderazgo (Alexander N.) y colaboración (Wilman Terán).

En el caso del extitular de la Judicatura, se dijo que él tenía vínculos con miembros de la organización delictiva conformada, que participó en la ejecución de la planificación de varios hechos ilegales que tenían que ver con procesos judiciales en la CNJ y que Wilman Terán colaboró con la organziación para así obtener beneficios económicos.