La lectura de la resolución oral con la que el Tribunal de Juicio del caso Metástasis sentenció a 20 de los 21 procesados por delincuencia organizada concluyó, la tarde del lunes 25 de noviembre último, con un pedido directo a la Fiscalía para que inicie las investigaciones pertinentes sobre la participación en posibles actos delictivos de jueces, fiscales, periodistas y abogados en libre ejercicio que han sido nombrados en los 29 días de la audiencia de juzgamiento en esta causa.

“Conforme al relato de la prueba que se planteó, este tribunal ha hecho relación a muchos nombres que se tocan en el desarrollo de la prueba, que no se ha evidenciado estén procesados en esta causa. Esto es atribución de la Fiscalía General del Estado y, por tanto, se ordena que se realice una investigación, si es que corresponde a una infracción diversa, en donde se evidencia si tienen o no responsabilidad estas personas”, aclaraba la jueza ponente del tribunal, Mercedes Caicedo.

Si bien los integrantes de la sala de juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), de forma unánime, sentenciaron con cárcel a una persona como líder de la estructura y a diecinueve como colaboradores de una “empresa criminal” manejada por el narcotraficante Leandro Norero, los magistrados piensan que no solo hay otros delitos por indagar, sino también otras personas que deberían ser investigadas, pues fueron nombradas en conversaciones de chat, audios, videos, aparecieron en fotografías, parte de las pericias expuestas en el juicio, e incluso testimonios anticipados.

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Con ello, el tribunal, también integrado por los jueces nacionales Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 626 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dispuso que se remitan copias certificadas del presente fallo a la Fiscalía y así se inicien las investigaciones respectivas.

El 626 del COIP, norma que habla de la infracción diversa, explica que, si en la causa ante el tribunal aparecen datos relevantes que permitan presumir la participación de la o las personas procesadas o de otras en un diferente delito, el presidente de la sala de juicio dispondrá que dichos datos se remitan a la Fiscalía para que inicie la investigación correspondiente.

Caicedo indicó que en Metástasis se evidenció una concertación para formar un grupo estructurado de más de tres personas que de manera permanente o reiterada financiaron, ejercieron el mando, dirigieron y planificaron actividades de delincuencia organizada, con el propósito de cometer actos ilícitos, como narcotráfico, tráfico de armas, que luego iban ligados a delitos como concusión, oferta y tráfico de influencias, hasta en ocasiones prevaricatos, delitos que son sancionados con penas privativas de libertad de más de cinco años.

Dentro de la lectura de la resolución, los tres jueces nacionales reconocieron que, con base en el desfile de testigos, peritos y documentos presentados en audiencia de juicio, ellos han podido observar la existencia de delitos como tráfico de armas, tráfico de drogas, lavado de activos, testaferrismo, sicariato, planeamientos de asesinatos, enriquecimiento privado no justificado, cohecho, concusión, tráfico de influencia, oferta de tráfico de influencia, intimidación.

Durante la audiencia de juicio por la delincuencia organizada de Metástasis, por ejemplo, como elementos de prueba se presentaron fotografías, videos y conversaciones referentes a la venta de drogas a gran escala y armas, cuyos beneficios económicos servían para pagar el ejército de abogados manejado por el sentenciado Xavier N. A., alias Novi o Novita, y el prófugo y coprocesado Christian R., alias Globalpax.

El objetivo de estos abogados era cumplir las disposiciones de Norero para obtener beneficios penitenciarios, fallos favorables, información judicial privilegiada…

Otras pruebas hablan de personas con los alias de Zambo o Japón con quienes se negociaban ilegalidades en temas relacionados con el sistema de justicia o la forma de financiar económicamente a la organización delictiva. También en testimonios anticipados, como el de Hélive Angulo, alias Estimado, coprocesado en Metástasis que ya fue sentenciado a una pena reducida al acogerse a la figura del procedimiento abreviado, se escucharon nombres de exjueces nacionales que podrían haber incurrido en algún comportamiento corrupto para favorecer a la estructura desde el más alto órgano de justicia ordinaria del país.

Tanto Mayra Salazar, la excomunicadora institucional de la Corte del Guayas, como el exasesor de Wilman Terán en la Corte Nacional, Álex Palacios, ambos condenados en Metástasis, en sus testimonios anticipados también dieron luces sobre nombres, hechos y actuaciones que potencialmente podrían terminar con un procesamiento penal más allá de la delincuencia organizada inicialmente investigada.

Durante los días de audiencia, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, examinó la pericia hecha por Jorge Collaguazo, perito de la Policía Nacional que realizó dos informes sobre el contenido encontrado en los tres teléfonos que pertenecían a Norero. Entre la información expuesta por el perito estuvo una conversación entre Norero y alias Poro, en la que se habla del pago y reuniones con jueces, y se expusieron videos e imágenes relacionadas con el tráfico de droga tanto vía terrestre como marítima.

También en las imágenes expuestas se observan armas de alto calibre, fajos de billetes apilados, cajas embaladas, camiones buque de carga en altamar y capturas de chat donde se dialoga sobre “mercadería” que podría ser vendida al exterior. Entre la evidencia ingresada en el expediente se encontraron diálogos que exponen el posible uso de medios digitales para hacer circular información que le convenía exponer a la organización criminal.

Parte de la evacuación de la prueba de Fiscalía fue la presentación de un reporte de las llamadas y contactos existentes en el celular de Norero y hechos usando la aplicación Threema. Las comunicaciones habrían sido con otros detenidos y se abordaban varios temas, como sicariatos, secuestros, pagos a peritos de Criminalística, todo con el objetivo de conseguir fallos a favor en las causas de su conveniencia.

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Se expusieron además archivos de audio en los que se refieren a acciones coordinadas junto con Antonio C., alias Ben 10, supuesto líder de la banda organizada llamada Los Chonekillers, y miembros de la Policía Nacional, los cuales habrían advertido a Norero sobre los elementos con que contaban los agentes investigadores de sus casos. En conversaciones entre los usuarios Ereabr99 y Anonymous u Owner, que correspondería a Norero, este último le pide que le guarde un dinero que le va a entregar el Serrano, que ese efectivo le va a servir para pagar al ‘AB’, que sería un abogado. Se adjuntaban en esa conversación fotos con cartones y fundas con fajos de dólares y audios explicando la situación a el Patrón.

Aún está pendiente que el Tribunal de Juzgamiento emita la sentencia por escrito del caso, la cual estaría fundamentada de mejor forma e incluso podría dar mayores referencias respecto a las investigaciones que se ordena que se abran ante posibles nuevos y distintos hechos ilícitos. (I)