Nuestro país, en los últimos tres años, ha sufrido uno de los peores estiajes con niveles de precipitación menores a la media en alrededor al 30 % que afectan gravemente, de manera primaria, al sector eléctrico cuyas consecuencias son de dominio público e influyen negativamente en la población que, más allá de la crisis, ha tomado conciencia de una situación heredada y ha realizado emprendimientos ingeniosos y hasta cierto punto patrióticos con la finalidad de minimizar los efectos. La crisis energética actual parece la crónica de una muerte anunciada y es similar a aquellas que ocurrieron durante los años 1992, 1993, 2009, cuyo denominador común, además de la falta de agua para que funcionen las hidroeléctricas, es la irresponsabilidad de los gobiernos que antecedieron a las crisis que no se preocuparon por mantener un parque térmico que minimiza los efectos de los fenómenos naturales relacionados con la falta de agua.
Dicho esto, al margen de lo que ocurre en el sector eléctrico, a nivel nacional también estamos padeciendo por la falta del líquido vital necesario para cubrir las demandas de agua para uso humano, riego, control ecológico y salino, etc., es decir, estamos frente a un panorama cuasi catastrófico con consecuencias difíciles de predecir que se inicia con el éxodo de gran parte de la población del sector rural hacia los centros poblados con la finalidad de sobrevivir a la crisis, que en ocasiones, se traduce en lo contrario, no solamente porque la crisis es generalizada, sino también por los niveles de inseguridad que se tienen, particularmente, en las zonas marginales de las ciudades más pobladas.
El periodo de sequía actual se asemeja mucho a aquella que padecimos en el siglo pasado cuando tuvimos una falta de agua durante más de 30 años que se sintió hasta finales de la década de los 60, en cuyo periodo se creó, en 1965, entre otras instituciones, la Cedege como una institución descentralizada y desconcentrada como parte de una esperanza para alcanzar el desarrollo económico y social de la región, inicialmente, con el objetivo primario de desarrollar el Proyecto de Propósito Múltiple Daule – Peripa, luego denominado Jaime Roldós Aguilera, que sirvió de base para desarrollar el aprovechamiento y control del potencial hídrico disponible en la cuenca del río Guayas, cuyos resultados están a la vista y cuyos beneficios son evidentes, al punto tal que la sequía actual ha pasado desapercibida en las áreas de influencia de los proyectos ejecutados que se expanden a las provincias de Manabí y Santa Elena.
Es difícil salir de esta crisis emulando lo acontecido en el siglo pasado, dado que por un decreto en el año 2009, se fusiona por absorción a la Senagua, la Cedege, y dio paso al denominado ‘Estatuto orgánico por procesos para la organización y funcionamiento de los organismos desconcentrados de gestión de los recursos hídricos por demarcación hidrográficas o cuenca’, que en materia de recursos hídricos ejercía CEDEGE, que no es otra cosa que un monumento a la centralización y a la concentración de las decisiones respecto a la gestión del recurso hídrico en el país, cuyas consecuencias son evidentes.
La lección aprendida por el país en el siglo pasado y ejecutada por los gobiernos de turno, al momento difícilmente se puede llevar a cabo debido a que, por el mencionado decreto, retrocedimos cerca de 50 años al reeditar con nuevos nombres lo que antes habían sido la caja de riego y el anterior Inerhi, que terminaron absorbidas por la burocracia que no hacía ni dejaba hacer, tal cual ocurre en la actualidad. (O)
Jacinto Rivero Solórzano, ingeniero civil, Guayaquil
