Para muchos de nosotros, es evidente la puesta en marcha de una estrategia para desplazar a Verónica Abad de la Vicepresidencia o, mejor dicho, de toda posibilidad de estar encargada del poder. Primero la enviaron a una guerra, dizque para que la resuelva. Luego a Turquía, en medio de un mareo de directrices para que llegue tarde y, consecuentemente, hacerle un sumario administrativo. Personalmente, me siento lejano a su pensamiento político e ideológico, pero el asedio al que la someten es inaceptable. ¿Debemos callar solo por no compartir sus ideas? ¡No! Porque si toleramos los abusos contra otros no debemos esperar que quede alguien para defendernos cuando seamos los abusados.

De certezas e incertidumbres

El caso de Abad, sin embargo, tiene que ver menos con ella que con el mismo fundamento del sistema democrático. Es la posibilidad –que dio origen a las repúblicas– de que el derecho sea el límite para quienes se sienten todopoderosos. Abad ha puesto dos acciones de protección. La primera, contra el inicio del írrito sumario administrativo, que perdió y que, en apelación, subió mediante consulta de norma a la Corte Constitucional. Ojalá que la resuelva pronto y zanje de una vez esta arbitrariedad.

La segunda es contra la demencial suspensión de 150 días, ilegal y tramposa. Ilegal porque se basa en una norma que no contempla esa sanción para la supuesta conducta que le endosan (el abandono del trabajo, que solo se sanciona con destitución). Tan ilegal que el abogado del Ministerio del Trabajo, carne de cañón de Ivonne Núñez, nunca le pudo responder a la jueza en qué norma se basó esa aberrante sanción. Tramposa, porque la ausencia temporal de una vicepresidenta se convertirá en definitiva tras 90 días (art. 146 de la Constitución). Es el plan para librarse de ella.

¿Qué tal el primer año de gobierno?

Me avergüenza que supuestos profesionales del derecho se hayan prestado para defender, mediante amici curiae, la aberrante tesis del ministerio. El derecho no es una opinología. Tiene principios, reglas, jerarquías y una historia en la que se ha edificado su sistema de protección a los derechos. Es la supremacía constitucional la gran conquista de los siglos: mis estudiantes de segundo semestre saben que entre aplicar el texto constitucional y un acuerdo ministerial no hay duda posible. Las reglas para el control político y la fiscalización de la vicepresidenta están en la Constitución y no son las de cualquier servidor público.

Por su parte, la jueza Nubia Vera suspendió la audiencia hasta el 9 de diciembre, según ella por la disponibilidad del auditorio. No le importó que los amici curiae que aún no intervienen estaban por Zoom y que no se necesita para proteger derechos un auditorio inmenso, que por cierto ni siquiera se llenó. No sé cuánto más podré preservar la esperanza de que aún existan jueces dispuestos a cumplir su rol primordial, que es sostener el Estado constitucional. Si a todas luces el país vive, a vista y paciencia de muchos, un lento y doloroso proceso de descomposición republicana, porque si los abusos contra Abad no nos escandalizan e indignan, probablemente no merecemos un sistema democrático que proteja nuestros derechos. (O)