La propuesta presidencial para eliminar la asignación de recursos públicos para las campañas electorales pasó el filtro de la Corte Constitucional. La votación dentro de ese organismo fue muy ajustada, con cinco votos a favor y cuatro salvados (que, en la práctica, son en contra). Este es un dato para tener en cuenta, ya que expresa lo controversial y complicado del tema en el plano jurídico y anticipa lo que será el debate en el ámbito legislativo. Lo que viene ahora es la disputa política, que estará revestida de legalismos y apelaciones insustanciales.

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El escenario en que se desarrollará ese tira y afloja no es el más adecuado para llegar a una solución que signifique el fortalecimiento de dos de los componentes básicos de la democracia, como son los partidos políticos y las elecciones. No lo es porque, al realizarse en medio de una campaña electoral, será imposible que su tratamiento pueda librarse de la polarización y de los cálculos de corto plazo. Tanto el presidente como la mayoría de los asambleístas ya están actuando como candidatos en esa campaña y este asunto los anclará más en esa condición. Si en los escasos momentos en que no rigen los cálculos electorales es poco o nada lo que se puede esperar de ellos, es una ingenuidad suponer que puedan estructurar un debate orientado por objetivos de mediano y largo alcance.

Un debate con temas relevantes y cercanos

En sí misma, la propuesta presidencial tiene un tufo electoral inconfundible, ya que es una manera muy hábil de deslizarse en la cresta de la ola de la antipolítica. El rechazo a los partidos, alimentado desde no pocos medios y sobre todo desde las hepáticas redes sociales, es un sentimiento que atraviesa a todo el espectro de votantes. No se necesita ser un gurú de campañas para sostener que, si llegara a someterse a consulta, la respuesta afirmativa estaría muy cerca de la totalidad de los votos válidos. No será un voto basado en el análisis del papel que deben desempeñar los partidos en un régimen democrático, mucho menos en la consideración de los efectos prácticos que tendría esa medida. La propuesta apela a esa parte emocional de nuestro comportamiento que no sopesa las consecuencias.

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En caso de aprobarse, esta reforma obviamente afectaría a las organizaciones políticas, pero la mayor incidencia se observaría en dos aspectos de importancia. El primero es el reforzamiento de la presencia de los dineros sucios en las campañas. Si estos ya participan en el juego electoral, con la eliminación de la barrera actualmente existente tendrían vía libre para colocar a sus candidatos y copar el Estado. A esto se añade el incremento del número de asambleístas provinciales determinado por el crecimiento poblacional, lo que hará más difícil seguir la ruta del dinero. El segundo aspecto es el efecto que tendría en la ley electoral. Al eliminarse el artículo referido al financiamiento estatal, automáticamente quedarían sin efecto todos los artículos relacionados con ese tema. Sería una prolongación de la reiterada costumbre de ir llenando de parches a la ley, con el resultado ya conocido de convertirla en un conjunto de disposiciones contradictorias que pavimentan el camino hacia la trampa.

La política necesita dinero y la ley actual establece los procedimientos para controlar su origen y destino. Hay que aplicarlos y no eliminarlos, como sucedería con la propuesta. (O)