La crisis energética que enfrenta Ecuador en 2024 no solo representa un desafío inmediato: comprar generadores térmicos y esperar por las lluvias milagrosas. También ofrece una oportunidad única para repensar y rediseñar no solo el sistema energético del país, sino el país que queremos tener hacia el futuro. Un país en el cual el Estado abandone su rol de empresario y se dedique a las cosas importantes que realmente debe llevar a cabo en beneficio de los ecuatorianos. Un país en que el ciudadano deje de pensar y actuar como un pedigüeño de todo tipo de servicios y dádivas
Los únicos servicios eficientes con que contamos los ecuatorianos son los aeropuertos de Quito y Guayaquil, concesionados al sector privado; agua potable de Guayaquil, concesionada al sector privado. Además, contamos solo con excelentes carreteras cuando estas han sido concesionadas al sector privado. Finalmente contamos con un excelente servicio de telefonía a través de nuestros celulares con servicio que prestan empresas privadas a las que se ha concesionado esta actividad. Todo aquello que maneja directa o indirectamente el Estado es ineficiente y se ha constituido en nidos de corrupción: energía eléctrica, petróleo, educación fiscal, salud atendida por hospitales del Estado, IESS, etc.
Es esencial reconocer que la demanda de energía sigue en aumento y, para cubrirla de manera efectiva, se precisa una inversión y planificación adecuada que permita el desarrollo de nuevas fuentes de generación. La falta de inversión nacional e internacional, junto con la ausencia de una política tarifaria que fomente la reposición e inversión y la ausencia de una real planificación técnica, han contribuido significativamente a la complejidad de la actual situación. En última instancia, el momento para actuar es ahora, priorizando una gestión eficiente y la atracción de inversiones que catalicen la transformación del sector energético ecuatoriano
Se requiere una planificación energética a largo plazo que integre consideraciones ambientales, económicas y sociales. Esto implica no solo mejorar la capacidad de generación, sino llevar adelante lo siguiente:
1.- Modificar todas las actuales leyes caducas que contemplan que como sector estratégico son potestad del Estado todos los diversos aspectos del sector eléctrico y que solo por excepción puede intervenir el sector privado y en forma muy limitada. Hay que echar a la basura el mamotreto de Montecristi causante de los mayores males que aquejan a esta república. Es necesario replicar lo que se ha hecho con aeropuertos, carreteras, servicio de celulares, que han sido concesionados al sector privado y regulados y controlados por municipios, consejos provinciales y ministerio. Tenemos que seguir el ejemplo de lo que Perú y Colombia han realizado en el sector eléctrico
2.- Desmantelar todo el esquema burocrático que se ha creado en el sector eléctrico y centralizar en el Ministerio de Energía una planificación inteligente diversificando la matriz energética, reduciendo la dependencia excesiva de la generación hidroeléctrica y explorando más a fondo otras fuentes renovables.
3.- Sincerar las tarifas eléctricas elaborando un nuevo sistema tarifario estableciendo subsidios inteligentemente focalizados para la población más necesitada, la agricultura, la agroindustria y otros sectores productivos básicos, pero manteniendo el negocio rentable para atraer al inversor privado
4.- Promover y fomentar mediante este nuevo esquema tarifario una cultura de eficiencia energética y ahorro o uso inteligente de la energía eléctrica entre consumidores e industrias.
5.- Privatizar el sector eléctrico implica primero privatizar las empresas de distribución, nidos de corrupción, exceso de burocracia, ineficiencia y enormes pérdidas negras a más de leoninos contratos colectivos. De otra forma no será posible que estas empresas paguen a los generadores privados por la provisión de energía eléctrica, ya que ahora no lo hacen y arrastran una enorme deuda con las otras instituciones públicas burocráticas responsables de la generación y transmisión de la energía eléctrica
Ojalá que la forma en que el país responda a esta crisis energética no solo determine el fin de los apagones, sino que también sienta las bases para un futuro energético más sostenible, resiliente y equitativo. Pero esto requiere un cambio de mentalidad por parte de los políticos, pero por sobre todo del pueblo ecuatoriano.
El ecuatoriano es un ciudadano irresponsable que exige servicios públicos baratísimos, obra pública a raudales, gozo de subsidios en el combustible, gas, electricidad, etc., y además es un artista en evadir impuestos. Con ese tipo de ciudadano-elector, ¿cómo podemos exigir mandatarios responsables que fijen objetivos nacionales, que sinceren todos los servicios públicos, que recorten la burocracia en un 25 % por lo menos y que, con un país de ciudadanos responsables (y no pedigüeños), estos gocen de lo esencial que el Estado nos debe proporcionar: libertad para vivir y emprender, seguridad interna y externa y oportunidades mediante leyes justas para que todos nos desarrollemos de acuerdo con nuestras capacidades y los esfuerzos que realicemos.
Si esto no se produce, no solamente volveremos en el futuro a sufrir los costosos apagones que ya hemos experimentado en siete gobiernos diferentes de distintos colores, sino que seguiremos siendo un Estado fallido que no va a ninguna parte positiva, solo al fracaso y al despeñadero. (O)
