La Fiscalía de Bolivia confirmó este lunes la existencia de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales y anunció un pedido de seis meses de prisión preventiva, por el escándalo del presunto abuso de una menor cuando era mandatario.

“Se está solicitando la medida excepcional de prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública”, aseguró la noche del lunes Róger Mariaca, fiscal general del país.

Horas antes, la fiscal del caso Sandra Gutiérrez afirmó que ya había ordenado la aprehensión del exjefe de Estado (2006-2019) por negarse a acudir a una citación para responder por la denuncia existente.

La hipótesis de la Fiscalía es que Morales habría cometido el delito de “trata” de una menor, a raíz del presunto arreglo con los padres de una adolescente de 15 años.

Corresponde “emitir un mandamiento de aprehensión, situación que mi autoridad lo hizo”, sostuvo Gutiérrez.

La autoridad informó que la orden de aprehensión fue emitida el pasado 16 de octubre, pero que recién la reveló este lunes.

Gutiérrez explicó que no hizo mención antes porque “el caso es muy complejo”, debido a que se trata de un exmandatario, quien negó varias veces las acusaciones.

Además, dos días antes de emitir esa orden habían arrancado unos bloqueos de carreteras de seguidores de Morales, en contra de lo que llamaron persecución política al exmandatario y de la crisis económica, que se prolongaron por 23 días.

Pese al convulso escenario político, relató que se realizaron operativos policiales para detener a Morales de 65 años, quien desde entonces se refugia en su bastión político del Chapare cocalero, centro del país.

“Fue imposible proceder con la ejecución de la orden de aprehensión contra este ciudadano, toda vez que desde el momento de los conflictos sociales producidos por el bloqueo nacional de caminos realizados por grupos afines al señor Juan Evo Morales Ayma, muchos funcionarios policiales fueron víctimas de agresiones e intento de homicidio por parte de bloqueadores”.

Gutiérrez afirmó que la policía remitió un “sinnúmero” de informes que justificaban por qué no podía ejecutarse el mandato de captura y que incluso señalaban que “estaba de por medio la vida no solo de funcionarios policiales, (sino) también de personas particulares”.

Según la fiscal, también presentó “la imputación formal” contra el ex jefe de Estado por el delito de trata y precisó que Morales enfrenta una pena de “10 a 15 años”.

Dijo además que solicitó una “alerta migratoria”, una medida para evitar que Morales y la madre de la presunta víctima salgan del país.

El escándalo se remonta al 2015, cuando el líder cocalero gobernaba Bolivia. Según el expediente, Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.

La tesis fiscal apunta a que los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor”.

Por estos hechos, la Fiscalía presentó hoy una imputación contra Morales y la madre de la supuesta víctima por el delito de “trata de personas agravado”.

Aunque Morales ha desestimado antes la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de “estupro” -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años- la fiscalía se concentra ahora en la presunta trata.

Esta es el segundo mandato de aprehensión que se emite contra Morales por el mismo caso.

La fiscal Gutiérrez ya había ordenado su captura en septiembre, pero un recurso judicial interpuesto por la defensa del líder aymara consiguió revocarla.

En medio de la lucha por la candidatura de la izquierda para las elecciones de 2025, Morales ha argumentado que esta investigación es una “lawfare” (persecución judicial) dirigida por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado, para “proscribirlo” de la carrera electoral. (I)