El Gobierno culminó con éxito la segunda etapa del canje deuda por naturaleza que inició el presidente Lasso. Es laudable que esta práctica de trueque se mantenga tras cambiar de mandatario. Todas las partes involucradas: fisco, tenedores de bonos, organismos internacionales y la naturaleza salen ganando.
El proceso se inicia con que Ecuador emite nuevos bonos con garantía del BID en el caso de incumplimiento en el pago de intereses, y otra de DFC, corporación estatal de EE. UU., de que pagará el valor del bono en caso de que el país no lo haga. Los bonos se denominan verdes si se destinan a operaciones en tierra, azules en el mar. Estas instituciones extienden sus garantías porque los bonos no son para vender en el mercado sino para canjearlos por bonos globales, y que el beneficio que genere la operación se destine primordialmente a financiar proyectos de conservación de la naturaleza. El BID y DFC sin desembolsar dinero, solo dando su garantía, consiguen que haya inversión con fines ecológicos, que es uno de sus mandatos.
Debido a esta sólida garantía los recientes bonos verdes se cotizan sin descuento a pesar de pagar un interés bajo,
6,034 % o sea 1,5 puntos porcentuales por encima de la tasa de interés del Federal Reserve (FR). En cambio, el riesgo país indica que los bonos globales del Ecuador se transan con un descuento que se traduce en un rendimiento 12 puntos sobre la tasa del FR. Los tenedores de bonos globales están dispuestos a canjearlos, castigados con ese riesgo país, por estos bonos garantizados y así sortear el peligro real que corren si Ecuador en 2026 o 2027 plantea una nueva reestructuración de su deuda externa.
Los bonos verdes se emitieron por $ 1.000 millones y se canjearon por $ 1.527 millones en bonos globales: se redujo la deuda externa en $ 527 millones. En la operación anterior, de mayo 2023, se emitieron bonos azules por $ 656 millones y se canjearon por $ 1.629 millones de globales, una reducción de la deuda de $ 973 millones.
En 2023 se pudo retirar un mayor valor de bonos globales por un valor menor de bonos azules porque el riesgo país era más elevado y por lo tanto tenían mayor descuento. En ambos casos las transacciones fueron transparentes, llevadas a cabo por bancos globales de reputación. Los bonos verdes vencen en 2042 y los azules en 2041, mientras que los bonos retirados vencían unos en 2030, otros en 2035 y 2040, o sea se aplaza la amortización. Al retirar bonos por un valor nominal superior a la nueva emisión, hay ahorro en el pago de intereses. Entre las dos operaciones se ha reducido la deuda en $ 1.500 millones y el beneficio fiscal hasta 2035 es de $ 2.000 millones.
Se reduce la deuda y su servicio, pero el gasto público no disminuye de igual manera, puesto que buena parte del dinero ahorrado va a financiar proyectos ecológicos. En el caso de los bonos azules, el monitoreo de la reserva marina entre las Galápagos y la isla de Cocos en Costa Rica (Corredor de la Hermandad) para evitar la depredación por parte de la poderosa armada pesquera china. Los bonos verdes, para preservar un biocorredor en la Amazonía.
Lo que falta es la rendición de cuentas de cuánto se ha entregado ya para la protección del Corredor de la Hermandad, y qué programas se están ejecutando. (O)