La desaparición de cuatro menores de edad en Guayaquil ha desencadenado una crisis humanitaria que ha captado la atención internacional y expuesto graves fallas en los protocolos de seguridad del Estado ecuatoriano. El caso, que hoy cumple 19 días sin resolución, ha provocado la intervención de organismos internacionales y revelado un patrón preocupante de actuación de las fuerzas de seguridad.

Que aparezcan los 4 niños, el clamor del país

La noche del 8 de diciembre de 2024, Ismael, Josué, Saúl y Steven, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos por militares en el sur de Guayaquil. Los menores, que habrían salido con otros a jugar fútbol, fueron interceptados cerca de una panadería en las inmediaciones de un centro comercial. “De los once niños, cuatro no pudieron correr y son los que están desaparecidos”, relató la madre de dos de los menores, quien esa misma noche recibió una llamada informando que sus hijos estaban en Taura, “golpeados y desnudos”.

Mientras el Ministerio de Defensa inicialmente alegó que los menores fueron detenidos por un presunto robo, el fiscal Christian Fárez, encargado del caso, declaró que “no hay evidencia que sustente esta teoría”. Esto pone en entredicho la versión oficial y agrava la responsabilidad estatal en el caso. Al punto que el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictó medidas cautelares urgentes. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación y recordó la obligación estatal de investigar este caso “sin demora, de manera seria, imparcial y efectiva”. Al mismo tiempo Jan Jarab, representante de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en América del Sur, se comprometió a monitorear el caso.

Desaparecidos

El 24 de diciembre, se reportó el hallazgo de varios cuerpos incinerados en una zona rural de Taura. Los restos, encontrados en condiciones que dificultan su identificación, están siendo sometidos a análisis antropológicos y posiblemente de ADN.

Ese mismo día una jueza aceptó una acción de habeas corpus presentada por las familias de los menores, reconociendo la existencia de una desaparición forzada y evidenciando que los 16 militares involucrados incumplieron los protocolos establecidos para casos de menores.

El tenebroso nuevo Ecuador de Noboa

El caso ha generado una ola de protestas y ha expuesto otras desapariciones con patrones similares, incluyendo la participación de individuos con uniformes militares, lo que ha puesto en evidencia una crisis institucional más profunda. Según la Defensoría del Pueblo, existen más de 3.000 alertas de personas desaparecidas en Ecuador, revelando un problema sistemático que requiere atención urgente. Un Comité de Derechos Humanos del país advirtió que de confirmarse que los cuerpos hallados corresponden a los menores, el caso podría reconfigurarse de desaparición forzada a ejecución extrajudicial, lo que elevaría aún más la gravedad de los hechos y la responsabilidad estatal.

Desde esta columna acompañamos a las angustiadas familias de los menores en su clamor para que se intensifiquen las diligencias estatales y esclarezcan uno de los casos más graves de violación de derechos humanos en la historia reciente de Ecuador. (O)