Por el momento Mayra Salazar deberá esperar hasta el 14 de marzo próximo para salir de la cárcel, pues en esa fecha se completarán los quince meses de prisión que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Manuel Cabrera, le ordenó que debe cumplir la excomunicadora de la Corte del Guayas sentenciada como colaboradora, mediante un procedimiento abreviado, dentro del caso Metástasis, proceso penal en el que se sancionó el delito de delincuencia organizada.

El juez de Garantías Penitenciarias de Ambato (Tungurahua), Christian Rodríguez, el 7 de enero pasado, no solo definió al 14 de marzo próximo como la  fecha de cumplimiento de la condena dentro del pedido hecho por la defensa de Salazar para realizar el cómputo de la pena, sino también en su resolución señaló que debe tomarse en cuenta el escrito presentado por el director de patrocinio de la Procuraduría General del Estado (PGE), Jorge Albornoz, el 16 de diciembre último.

En el mencionado documento se aclara que la “sentenciada no puede acogerse al beneficio penitenciario de cambio de régimen por el tipo penal por el cual fue sentenciada y en torno a las reparaciones existe el trámite propio para hacer valer sus derechos en ejecución de sentencia propiamente dicha ya que la presente causa se aperturo en torno a la ejecución de la pena privativa de libertad”.

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En el escrito presentado por la PGE se recuerda al juez Rodríguez que Mayra Salazar fue sentenciada en el caso Metástasis el 6 de agosto de 2024 y el conjuez dispuso que la condenada pague un total de $ 17.340 por concepto de indemnización al Estado, el que se encuentra representado por la Procuraduría. También se refirió que se le ha ordenado como medidas de satisfacción, que la exfuncionaria de la Corte del Guayas cumpla con la publicación y difusión de la parte resolutiva de la sentencia que declara su culpabilidad, en un medio de comunicación a nivel nacional, durante tres días consecutivos, y que ofrezca disculpas públicas ante el juez de ejecución.

“La PGE, en representación del Estado ecuatoriano, (…), se encuentra presente vigilando el estricto cumplimiento de esta sentencia, por tal motivo, se deja constancia ante su autoridad que, la sentenciada (Mayra Salazar), hasta la presente fecha, no ha dado cumplimiento de manera íntegra, con lo dispuesto en la sentencia emitida el 6 de agosto de 2024″, señala el escrito de la Procuraduría que ingresó al expediente el 16 de diciembre pasado.

La defensa de Salazar presentó el 30 de septiembre pasado una solicitud para acogerse al régimen semiabierto. El artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) habla del régimen semiabierto, el cual sería el proceso de rehabilitación social del sentenciado que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el Organismo Técnico.

En la norma anota que el juez de Garantías Penitenciarias que tenga el caso dispondrá el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, que se realicen actividades de inserción familiar, laboral, social y comunitaria, y, aclara, que para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 60 % de la pena impuesta.

“Que la pena acordada debe ser cumplida en su totalidad, sin ningún otro tipo de beneficios”, fue una de las frases que repitió el conjuez Manuel Cabrera en cada uno de los doce procedimientos abreviados atendidos dentro del caso Metástasis entre el 15 de julio y el 1 de agosto pasados, y que concluyeron,en mayoría, con penas de 40 meses de prisión, y en solo tres casos, uno de ellos de Salazar, la pena final fue de quince meses de prisión, al tomarse en cuenta que fueron cooperadores eficaces.

En las doce resoluciones orales adoptadas se resaltaba que el procedimiento abreviado tiene como sustento la propuesta fundamentada de Fiscalía y la admisión expresa, voluntaria e informada de la persona procesada, siempre con la asistencia técnica de su defensor. Para los casos analizados, este consentimiento que se ha dado es sobre los hechos que se les atribuyen, sobre la calificación jurídica de estos, sobre el grado de participación, sobre la pena y la reparación integral.

Al término de una de las primeras diligencias de procedimiento abreviado en Metástasis y ya dispuesta una sentencia de 40 meses de cárcel, uno de los abogados de los sentenciados presentó de forma oral ante Cabrera el pedido de que se aplique una suspensión condicional la pena, pues era la primera vez que se le condenaba a su cliente y no había otro proceso penal en curso.

El conjuez le dijo al defensor que podía presentar la acción si quería, pero que iba a ser negada, pues, resaltó, él fue claro en su resolución en lo que respecta a que el condenado debía cumplir la pena íntegra, sin ningún otro tipo de beneficios.

En el proceso de garantías penitenciarias de Mayra Salazar, el 24 de diciembre pasado, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la LIbertad (SNAI) emitió un informe en el que señala que la sentenciada no tiene otras condenas ejecutoriadas, no ha sido sometida al mecanismo de acumulación de penas y no ha sido sometida a otro tipo de regímenes previstos en la norma.

La tarde de este viernes, 10 de enero, Salazar y otros nueve sentenciados de Metástasis mediante procedimiento abreviado ofrecieron disculpas públicas en una diligencia realizada en la CNJ y ante el conjuez Cabrera. Ahí la excomunicadora de la Corte del Guayas entregó al pueblo ecuatoriano “las más sinceras disculpas” por los hechos cometidos, por los cuales aceptó su participación y fue condenada, a través de un procedimiento abreviado, como colaboradora de la “organización criminal” liderada por narcotraficante Leandro Norero.

“Mediante este acto, señor juez, expreso mi remordimiento por la realización de los siguientes actos: Yo como parte de la organización criminal ejercía mi rol desde la Corte Provincial del Guayas sin ser funcionaria judicial. En el periodo comprendido entre mayo y octubre de 2022 mantuve contacto con el señor Leandro Norero Tigua. Mi rol lo efectué desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que pretendía la organización criminal. Esto comprendía, por ejemplo, identificar jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas a cambio de emitir sus fallos, e inclusive, negociar de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos del señor Leandro Norero”, señaló en sus disculpas Mayra Salazar.

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El representante de la PGE en la audiencia de disculpas públicas, Jorge Albornoz, reconoció que a través del proceso penal de Metástasis se pudo evidenciar la existencia de una “compleja y preocupante red de corrupción”, que incluía a servidores públicos de varias instituciones, que afectaba por dentro al sistema judicial.

“Una corrupción enraizada y provocada por el cáncer de los intereses propios no solamente de una organización delincuencial, sino de otras personas, que provocó desconfianza en todo el pueblo ecuatoriano (…) hacia las entidades públicas y hacia los funcionarios de dichas instituciones públicas. Esa desconfianza va a ser muy difícil de reparar”, sostuvo Albornoz.

Albornoz en nombre de la Procuraduría, instancia que representa al Estado y al pueblo ecuatoriano, aceptó las disculpas públicas de los condenados aclarando que estas solo son parte de la reparación inmaterial y que aún resta que la mayoría de estos sentenciados cumplan la reparación económica (multa, reparación integral y devolución al Estado) establecida por el conjuez nacional.

Albornoz no dio nombres de los sentenciados que aún deben pagar la reparación material, solo dijo que se exceptuaba de esa lista a Álex Palacios, exasesor del juez nacional Wilman Terán, quien también recibió una pena reducida de quince meses de cárcel luego de acogerse al procedimiento abreviado y a la figura de cooperación eficaz.

Mayra Salazar fue detenida el 14 de diciembre de 2023 dentro de un operativo simultáneo en varias provincias del país y según la contabilización hecha en el proceso de cómputo de penas le restaría para completar la condena impuesta algo más de dos meses de prisión. La cooperadora eficaz de la Fiscalía actualmente se encuentra en el Centro de Privación de la Libertad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Inicialmente estuvo en la denominada Casa de Confianza de Chillogallo, en Quito. (I)