El crecimiento económico y el desarrollo son necesidades sociales. Benefician a todos y por ende, a pobres y a ricos.
La Constitución de 1998 hablaba de “garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza”. La actual dice (art. 277 numeral 5) que para la consecución del buen vivir es uno de los deberes generales del Estado “impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley”. También dice la ley suprema que uno de los objetivos de la política económica será (284 numeral 2) “incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional”. Parte del artículo 275 dice que “El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución”.
Bajar los gastos, ¿cómo?
Nótese la relación directa entre el desarrollo del país y el ejercicio de los derechos. ¿Tienen el desarrollo y la economía ideología? Claro que no. ¿Merecen someterse a ideologías? No. ¿Necesitan la economía y el desarrollo de capitales privados? Seguro que sí. Si esta necesidad es real, como lo es, entonces la legislación y los gobiernos deben ser amigables con la inversión privada, sometiéndola a reglas precisas, no ambiguas, a limitaciones racionales, de tal manera que el poder del dinero no desplace la relevancia de lo humano. Sin perjuicio de esforzarse el Estado porque los factores de producción, que hacen posible la generación de bienes y servicios (básicamente capital y trabajo) sean racionalmente alcanzables por parte de la sociedad. La Constitución ya prevé (art. 334) que “el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción”. Dice también (319) que el Estado “alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional”.
Entonces, la Constitución hace plenamente posible, y aun imperativo, “impulsar el desarrollo de las actividades económicas”. Así, el Estado debe incentivar y facilitar el desarrollo portuario, el desarrollo de infraestructuras, la inversión productiva en las zonas de frontera, revertir el crecimiento negativo, etc. En un país de oportunidades la juventud no encuentra en el delito una oportunidad “laboral”. Todos los candidatos a presidente deben comprometerse a estimular la inversión privada, poniéndole reglas claras, precisas y firmes.
Quien quiera que resulte presidente no debe someterse al chantaje de nadie. Si la pretensión de chantaje se da hay que denunciarla. La inversión, el trabajo honrado, buenas políticas públicas, el cuidado ambiental pueden llevarnos al crecimiento y al desarrollo sostenible, lo cual conviene a la sociedad toda. (O)
