Desde el 20 de enero de 2025, el mundo ha entrado en una nueva realidad geopolítica global. La toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos marca el inicio de una era de gestión internacional aparentemente cambiante.
Casi de inmediato, Trump ha tomado decisiones que formaron parte central de su campaña política. Estas decisiones están principalmente relacionadas con la política migratoria de su país, como las redadas en centros de salud, colegios, iglesias y lugares de afluencia masiva, la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur, la eliminación de la ciudadanía por nacimiento y la aplicación de la pena de muerte para ciertos crímenes cometidos por indocumentados.
Esta situación resulta compleja para la comunidad migrante latina que reside en los Estados Unidos. Sin embargo, un grupo importante respalda estas nuevas medidas migratorias. De hecho, un 45% de la comunidad latina votó por Trump, motivados por el argumento de que estas políticas restablecerán el orden público y evitarán problemas sociales atribuidos a la política migratoria del anterior gobierno.
Para Ecuador, el panorama es aún más desafiante. Más de 800 mil personas nacidas en esta nación residen actualmente en los Estados Unidos, aunque se estima que esta cifra podría superar el millón. Además, si analizamos las cifras de migración ecuatoriana desde 2017, observamos que para 2024 se ha cuadruplicado el número de ecuatorianos que emigran. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024, 94 mil ecuatorianos salieron del país y no regresaron.
Esta situación no solo tiene implicaciones sociales, sino también económicas. En 2024, Ecuador recibió aproximadamente 6 mil millones de dólares en remesas provenientes de migrantes. De estas remesas, el 72% proviene de los Estados Unidos, el 16% de España y el 3% de Italia. Este flujo económico es crucial, especialmente considerando que la inversión extranjera directa en Ecuador durante el mismo año no superó los 300 millones de dólares, y el déficit fiscal alcanzó los 3 mil millones de dólares. Las remesas se han convertido, por tanto, en un ingreso fundamental para la golpeada economía ecuatoriana.
En este contexto, las políticas antimigratorias de Trump deberían ser una preocupación prioritaria para el gobierno ecuatoriano. Según el Banco Mundial, la economía de Ecuador decreció un 0,7% en 2024, y solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Si la situación se complica y un gran número de ecuatorianos es deportado, el mercado laboral ecuatoriano no podría absorberlos, lo que aumentaría el desempleo, los problemas sociales y posiblemente los indicadores de pobreza.
Es imperativo que las autoridades ecuatorianas trabajen de manera proactiva para abordar esta situación, asegurando medidas que protejan tanto a los migrantes como a la economía nacional en un momento de incertidumbre global. (O)
