Sucedió lo que menos se esperaba. La Fiscalía allanó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Hasta el mediodía del viernes solamente se sabía que a las oficinas de esa entidad ingresaron agentes con fines investigativos sin que se conozca el motivo. En términos hipotéticos se puede suponer que se ha abierto una investigación por algún hecho delictivo de sus consejeros y/o de sus empleados o que esta es una acción que forma parte de uno de los casos abiertos por la Fiscalía. En cualquiera de los dos casos, sería una lacra de una institución que, por cualquier lado que se la vea, es un tumor canceroso para la democracia y que a lo largo de toda su trayectoria fue acumulando su propio desprestigio.

Este hecho judicial se añade a las maniobras que se han producido en ese engendro institucional y que tendrán graves repercusiones en el futuro inmediato. La inexplicable actuación del consejero Guarderas, con el consecuente juicio político que lo dejó fuera del juego, abrió la puerta para la llegada de un personaje conocido por su papel en la defensa del convicto Glas y de personajes del hampa. Con ello se consolidó la mayoría de la llamada liga azul, que es alias de los representantes del correísmo. De esa manera pudieron cumplir a cabalidad con el objetivo que tuvieron cuando incluyeron esta figura en la Constitución. Si bien es cierto que, desde su creación y con escasas excepciones, estuvieron al mando de ese organismo, ahora lo hacen con toda la fuerza, sin reparos, como se demuestra con la destitución de su propia vicepresidenta –que abre paso a la captura de la presidencia– y el reemplazo ilegal del superintendente de Bancos.

Estos hechos son apenas la anticipación de lo que vendrá en las próximas semanas. Aún están pendientes los reemplazos de integrantes de los organismos judiciales y sobre todo de la misma Fiscalía. El periodo de la fiscal Diana Salazar concluye en un par de meses y hacia allá apuntan las armas del grupo que se ha hecho con el control del ente que debe llevar adelante el concurso para la selección de su reemplazante. Después del fracaso de los múltiples intentos que hicieron para deshacerse de ella, que ha sido el mayor obstáculo para que puedan tapar su corrupción, ahora se les presenta la oportunidad para acceder al sitio desde el que pueden dejar en la impunidad a todos sus integrantes.

Más allá de toda la podredumbre que la Fiscalía pueda encontrar, el problema real del CPCCS no es judicial, es constitucional. Lo es, porque su existencia está establecida en ese cuerpo que quedó blindado o, como decía el dictador español Franco, atado y bien atado. La solución pasa necesariamente por una reforma constitucional, pero esto, que es muy fácil decirlo y que incluso es parte de los engaños lanzados en la campaña, es una tarea casi imposible. El acuerdo básico que debería existir, no siquiera para reemplazarla en su totalidad, sino para extirpar el engendro, suena como una utopía para unos políticos que despiertan en épocas de campaña y no alcanzan a ver el lugar en que pisarán cuando den el próximo paso. Mientras tanto, estos personajes de todos los colores se disfrazan, bailan, compiten con propuestas demagógicas y participan en una campaña que no es más que un concurso de pendejismo. (O)