Pablo Muentes, Fabiola Gallardo, Mayra Salazar y otros dos funcionarios judiciales manejaban la Corte del Guayas, confirma exjuez procesado en caso Purga | Política | Noticias

El exjuez del Guayas, Ramos Alberto L., procesado en el caso Purga, en su testimonio anticipado aseguró, la tarde de este lunes 26 de agosto, que el exasambleísta Pablo Muentes; Mercedes V., exdirectora del Consejo de Judicatura (CJ) en Guayas; Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas; Mayra Salazar, excomunicadora institucional de la Corte del Guayas; y el juez penal del Guayas, Johan M., son las personas que manejaban la Corte del Guayas.

El hoy exjuez aseguró que con su testimonio queda corroborada la teoría de Fiscalía que habla de que en este caso existieron autores y colaboradores de una estructura que realizó traslados administrativos sin informes, manejaban de forma irregular el área de Talento Humano, puso presidentes de la Corte del Guayas, … Todos estos actos de corrupción que “tanto daño han hecho a la administración de justicia y que han arrastrado a gente inocente”, dijo el testigo,  giró en torno a los deseos y necesidades en casos judiciales del entonces legislador del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes.

Alberto L. trató de deslindarse del proceso penal del que hace parte, asegurando que él nunca tuvo la intención de con su resolución judicial en el caso por falsificación de un documento privado causar daño al Banco del Pacífico y mucho menos a cambio de algo, que no conoció al exasambleísta Pablo Muentes, que no fue parte de la organización criminal, sino más bien él lo utilizaron.

Para fundamentar esta aseveración de que fue utilizado, el hoy exjuez del Guayas, quien mantiene la orden de prisión preventiva, señaló que él llegó a presidir el Tribunal de la Sala Civil que resolvió la causa planteada por el Banco del Pacífico por movimientos administrativos realizados por Mercedes V., Fabiola Gallardo y Johann M., por ciertas necesidades que mantenía Muentes en relación al proceso civil propuesto por la entidad bancaria.

En su momento la Fiscalía explicó que el Banco del Pacífico otorgó un préstamo a los cónyuges Mónica A. y Pablo Muentes, cuando aún no era asambleísta. La falta de cancelación de estos valores habría provocado que la entidad financiera inicie y ejecute los procesos de cobro.

Pese a ello, el 13 de julio del 2020, Muentes y su esposa interpusieron una acción de hábeas data en contra del banco, pretendiendo justificar el pago de la referida deuda con notas de crédito aparentemente falsas o adulteradas. Esto se habría dado con la intención de que el banco reconozca la cancelación de la deuda y que pague a la pareja valores por daños causados, los cuales ascendían a $3 ‘983.040.

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Pese a las evidentes ilegalidades del proceso de hábeas data, indicó en su momento la fiscal general Diana Salazar, el juez Reinaldo C., otro de los investigados en Purga, acogió la pretensión de los demandantes y dispuso al Banco del Pacífico registrar los documentos de pago falsos en sus asientos contables, así como el resarcimiento económico a los presuntos afectados. Como recompensa por la decisión, refirió la Fiscalía, Reinaldo C., fue designado como juez provincial del Guayas.

Justamente el testigo dijo que el primer cambio que se le dio a él fue sacarlo de la Sala Penal para dejar la vacante para el juez Reinado C. quien había ganado en apariencia un concurso para juez penal, cuando en realidad era el pago por dar paso al hábeas data de Muñecas. Sin explicaciones ,sino solo señalándole a Ramos Alberto L.que esa era una orden de alguien importante, el juez fue trasladado a la Sala de Familia de la Corte del Guayas.

Para el Banco del Pacífico en el perjuicio patrimonial causado por esta “estructura criminal” contra la institución no solo participaron Pablo Muentes, Mónica A., Fabiola Gallardo, el exjuez Reinaldo C. sino también a través de dictámenes  jurisdiccionales los también jueces del Guayas Johann Gustavo M., Guillermo Pedro V., Ramos Alberto L.y Nelson Macías P.

QUITO (26-08-2024).- Audiencia de testimonio anticipado en el caso Purga en la Corte Nacional. Santiago Molina/ EL UNIVERSO. Foto: Santiago Molina

Quien sería parte del Programa de VÍctimas y Testigos Manejado por la Fiscalía indica que su seguridad e integridad está en riesgo y responsabilizó de cualquier cosa que pueda pasarle a él, su familia y su equipo de abogados a Pablo Munetes. Recordó que el domingo último uno de sus abogados recibió un mensaje de un número desconocido a través de la aplicación Signal que refería que se tenga cuidado con el testimonio quie se va a dar hoy y que ya saben que la abogada a la que le escribían tiene dos hijos.

El exjuez Ramos Alberto L. explicó que cuatro meses después de llegar a la Sala de Familia hizo conocer a un juez cercano que no estaba a gusto en ese lugar y que quería cambiarse a otra sala. Según el testigo, ese rumor le habría llegado a la presidenta Gallardo, quien le dijo que lo podía cambiar a otra sala y que ya conocería a ese personaje importante de la política que le había comentado que estaba tras los cambios.

Para finales de julio se habría concretado su cambio la Sala Civil de la Corte del Guayas y reemplazó a un juez que no le “copiaba” a Muentes y que en represalia fue trasladado a otra sala. En ese momento, Gallardo, Mayra Salazar y el juez Johann M. llevaron al juez Ramos Alberto L. hasta una casa en la Isla Mocolí, en Samborondón, para presentarle a Pablo Muentes. Él testigo dice que en ese momento conoció al personaje de la política que había requerido todos los cambios previos y de los que él como juez terminó siendo parte.

Muentes le había pedido ayuda a Ramos Alberto L. en el proceso relacionado al Banco de Guayaquil. La respuesta que habría dado el juez, según él, es que haría todo lo que le permitiría la ley, pues incluso a ese momento no conocía el expediente del que hablaba.

El hoy exjuez es claro en decir que el entonces asambleísta no le ofreció nunca dinero a cambio de fallar en el caso en cuestión, pero que en todo momento contaba cosas como el poder que tenía en la justicia, la cercanía que mantenía con Jaime Nebot o le recordaba que sabía que, por ejemplo, Ramos Alberto L. tenía varios sumarios administrativos, los cuales estaban en manos de su amiga, la directora del CJ en Guayas, Mercedes V., a quien el legislador le decía de cariño Meche.

También recordó el testigo que Pablo Muentes hablaba abiertamente de que puso a mucha gente en puestos de la justicia en Guayas, por ejemplo, Fabiola Gallardo en la presidencia de la Corte, que estaban trabajando para colocar al nuevo presidente en la Asamblea Nacional, que apoyarían en las próximas elecciones al presidente Daniel Noboa, entre otras cosas, que al legislador, a decir del testigo, le generarían poder y que se le entreguen puestos en instituciones públicas.

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Ramos Alberto L. defiende la decisión que tomó en mayoría con el juez Nelson P. y aseguró que la misma fue fruto de un largo análisis legal y la revisión de, por ejemplo, una pericia que reveló que las firmas de los comprobantes que se decían eran falsas, finalmente era correctas. Descarta que su decisión haya sido para recibir contraprestación alguna e incluso dijo que es falso lo dicho por Mayra Salazar en su testimonio anticipado de que a cambio de fallar a favor de Muentes, un hijo del juez recibió un trabajo en la Corte del Guayas o que el juez habría recibido de Tatiana V., otra porcesada en Purga, un pendrive con la sentencia que debía emitir en el caso Banco del Pacífico.

El juez terminó su testimonio anticipado solicitando a la fiscal general Diana Salazar emita un dictamen abstentivo, el cual le lleve al juez del caso, Javier de la Cadena, definir un sobreseimiento definitivo. Desde su perspectiva en este testimonio, él dejó claro que fue usado por los integrantes que lideraban esta trama de corrupción.

Ramos Alberto L. se acogió al derecho al silencio y no contestó preguntas de las defensas de los 24 procesados restantes y pese a ello lo que permitió el juez es que quede sentado en actas las preguntas que pretendían realizar los coprocesados. La diligencia terminó cerca de las 19:00 de este lunes 26 de agosto, casi cuatro horas después de haber iniciado la audiencia en la Corte Nacional. (I)

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