La seguridad de Guayaquil debe respetarse por sobre toda polémica. Mientras los funcionarios no lleguen a acuerdos es la ciudad la que puede sufrir las consecuencias, advertidas por ellos mismos.
Por resolución el ECU911 decidió asumir desde el 26 de septiembre la recepción de llamadas de emergencia y coordinación de despacho de entidades de primera respuesta en la ciudad, tareas que cumplía la Empresa Pública Municipal Segura EP.
La Alcaldía de Guayaquil ha dicho que acepta la decisión gubernamental, más allá de advertir un retroceso en la gestión y judicialización de delitos.
Segura EP afirma que la resolución implica la terminación del convenio de videovigilancia en Guayaquil y que la entidad mantendrá esa función en la urbe. Hay un sistema de interoperabilidad, según decreto ejecutivo de agosto pasado.
El 26 de septiembre, entre las 11:00 y 14:00 se perdió la interoperabilidad de los sistemas de vigilancia de Segura EP y el ECU911, dijo el viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, Lyonel Calderón, y anunció una denuncia por presunto delito de sabotaje o terrorismo. Por su parte, Fernando Cornejo, titular de Segura EP, afirmó que las cámaras no fueron bloqueadas, aunque algunas estuvieron fuera de servicio por los cortes de luz. “Sin embargo, la Policía y demás instituciones del Estado estuvieron operando en Segura EP y las cámaras continuaron funcionando”.
La polémica alarma sobremanera porque por un lado está el servicio de emergencias cuya respuesta, según Segura EP, estaba “en 115 segundos, cuando la medida internacional es 119″. El ECU911 será el responsable de mantener o mejorar esa media. De otro lado, la videovigilancia no puede ser parte de un conflicto de poderes. El país no puede permitirse estar desorganizado cuando hay una delincuencia organizada que lo oprime. La civilidad y civilización política es obligación de sus funcionarios. La ciudadanía aspira a que se reanude el trabajo coordinado por la seguridad de casi tres millones de personas que transitan por Guayaquil. (O)