En medio de su primera campaña electoral, un candidato se apropió del término partidocracia, en un país en que nunca hubo Gobiernos de partidos y en un momento en que solo uno de los que se llamaban así apenas lograba sobrevivir relegado a una provincia. 18 años después y también en medio de una campaña electoral, otro candidato acaba de anunciar una consulta popular para lograr que se eliminen las asignaciones estatales para los partidos. El primero buscaba cabalgar sobre el potro del rechazo a los políticos y a la política, en general. El actual intenta exactamente lo mismo, con esa mirada puesta en el retrovisor que caracteriza a quienes sienten que abren las puertas del futuro. El renacimiento de la patria y el nuevo Ecuador no se diferencian en ese ni en ningún otro aspecto, los dos son procesos que se inician y se mantienen gracias a la acción iluminada de un ser excepcional.
Aunque los dos personajes tienen nombres y apellidos –Rafael Correa y Daniel Noboa–, lo que importa es que en ellos se condensa una concepción política que ha hecho enorme daño. Esta es generalizada entre los candidatos que quieren acceder a un cargo político denigrando a la política. Pero el problema no se restringe a ese nivel, si el discurso tiene éxito es porque la ciudadanía comparte esa visión. Una elección tras otra se demuestra que una mayoría vota en contra de cualquier cosa que les suene como un partido político. Son los mismos que no asistirían a un estadio donde jueguen individuos agrupados al azar que dicen que no son futbolistas.
Ese amplio grupo es el más entusiasta con la propuesta del candidato-presidente de eliminar la asignación para las organizaciones políticas. Décadas de propaganda negativa hacia estas impiden considerar que los partidos, para ser verdaderamente tales, deben cumplir requisitos, como tener una estructura orgánica fuerte y estable en el tiempo, formar a los futuros dirigentes, echar raíces sólidas en la sociedad en todos los niveles, tener presencia en todos los espacios geográficos del país y practicar la democracia interna para seleccionar a sus dirigentes y para escoger a los candidatos (de sus propias filas y no por contratos de alquiler). Para eso es el denominado Fondo Partidario Permanente que consta en el Código de la Democracia.
Por otra parte, los partidos son los vehículos centrales en los procesos electorales, y deberían ser los únicos en los de dignidades nacionales (presidenciales y asambleístas). El aporte económico estatal en este aspecto es la principal garantía para que exista igualdad de condiciones. Eliminar esa disposición significaría restringir la participación de amplios grupos sociales en los procesos electorales. Considerando que gran parte de los resultados de estos depende de la publicidad y en general de la posibilidad de darse a conocer y de comunicar las propuestas, los beneficiarios de la eliminación serían quienes disponen de grandes capitales lícitos o ilícitos. De manera particular, estos últimos apoyarían entusiastamente la propuesta del candidato-presidente.
La democracia requiere de partidos sólidos, no de salvadores del mundo que reniegan de la historia y que están convencidos de que el futuro comienza con ellos. El remedio no está en eliminar el financiamiento, sino en hacer cumplir las leyes existentes y mejorar lo que haga falta. (O)
