Dentro de la resolución de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Diego Gordillo (ponente), Rosana Morales y Gustavo Durango de rechazar el habeas corpus correctivo planteado por el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) y procesado en el caso Purga, Pablo Muentes, la sala solicitó de forma unánime a la Fiscalía que investigue un documento ingresado en esta causa, el cual sería “apócrifo” y sin el aval del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El quinto punto de la resolución adoptada por el tribunal de habeas corpus la mañana del lunes 30 de septiembre pasado y leída por el presidente de la sala explica: “Se dispone se agregue el escrito de fecha 30 de septiembre de 2024 a las 8:20, el cual por ser apócrifo y no cuenta con el aval del titular del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no se lo considera, más sin embargo, en ejercicio de las competencias de este Tribunal, se dispone se oficie a la Fiscalía a fin de que investigue el presunto cometimiento de una infracción penal”.

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El documento “apócrifo” sería un supuesto informe de inteligencia que ingresó por secretaría bajo el nombre Armada del Ecuador Fuerza de Tarea Control Guayaquil. En el informe se mencionaría la existencia de un presunto plan para atentar contra su vida. El ingreso quedó registrado a las 08:20 del lunes último y la reinstalación de la audiencia de habeas corpus se dio cerca de las 10:00.

El tribunal señaló que las amenazas supuestamente hechas en contra de Pablo Muentes deben tener un respaldo mínimo de certezas sobre la gravedad e inminencia que permitan constatar la vulneración de los derechos. ”Este tribunal no puede adoptar una decisión sobre la base de la sola denuncia o hechos inciertos, toda vez que debe contarse con elementos que permitan entrever que el posible daño es la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce”, anotó Gordillo.

Días antes, el exlegislador socialcristiano informó al tribunal de las amenazas de muerte que habría recibido; de que aparentemente existían planes para asesinarlo, e incluso que le gritaban que ya “estaba pedido”, que no atentarían contra él si antes depositaba dineros en la cuenta de un privado de la libertad.

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“Ya directamente me gritaron de una celda a otra que deposite un dinero en la cuenta de un privado de la libertad si quería vivir. Eso fue escuchado inclusive por los mismos señores de la Infantería de Marina, que son quienes dan el resguardo. (…) Hoy día, inclusive siento que tengo un poco más de protección, pero mi vida está en riesgo aquí, no al 99 %, sino al 100 %, señor juez”, contó en su momento Muentes a los jueces.

Ya en la audiencia del lunes último, en el análisis hecho por los jueces Gordillo, Morales y Durango se resaltó que, en ejercicio a la tutela de Pablo Muentes, se requirió información al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y existió una respuesta a través del jefe del Comando Conjunto de dichas Fuerzas Armadas, mediante oficio CCFF-AJCCDA-JP2024-14047O, del 30 de septiembre de 2024.

En lo pertinente se habría informado que, según la revisión de los archivos de la División General de Inteligencia del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, no se ha reportado información de inteligencia que haya sido contrastada y validada con relación a amenazas o situaciones que pudieran afectar la integridad personal, vida y salud del exlegislador Pablo Muentes en el Centro de Privación de la Libertad Masculino Guayas número 3, más conocido como cárcel de máxima seguridad La Roca.

Lo leído en el informe de las Fuerzas Armadas, sostuvo el juez Gordillo, permitiría corroborar y contrastar todo aquello que ha sido deliberado y expuesto de forma oral por los juzgadores en esta acción constitucional de habeas corpus negada. (I)