Parecería que hemos tocado el fondo en materia de corrupción. El Ecuador está ranqueado por los índices internacionales como una de las más corruptas del planeta. En una celda de los Estados Unidos guarda prisión nada menos que un excontralor general, condenado por la justicia federal de ese país por corrupción. Es el excontralor Pólit, el personaje engreído del correísmo y de sus aliados que por más de una década permitió que esa mafia nos robe miles de millones de dólares. Parecería que igualmente hemos tocado fondo en materia de seguridad personal. El Ecuador hoy sufre un grado de criminalidad igual o superior a muchas regiones de México o de África. El país sigue siendo tierra fértil del sicariato, los carteles de la droga y el crimen organizado. Hemos hasta normalizado la violencia.
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Igual cosa parece que sucede con respecto a la inseguridad jurídica. A pesar de que la inversión extranjera en el Ecuador es relativamente escasa comparada con la que fluye en otros países vecinos, el número de arbitrajes internacionales iniciados por empresarios extranjeros en contra del Ecuador es mucho mayor que las demandas que por similares motivos inversores extranjeros inician contra los otros países de la región. Parecería que igualmente hemos tocado fondo en materia de educación básica. Ocho de cada diez estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de habilidades en Lengua y Literatura, y apenas tres de diez logran el mínimo en Matemática, tanto en la educación pública como privada. Y así podríamos seguir mencionando a la salud pública, al sistema judicial, la educación universitaria o la seguridad social. Los problemas del país crecen pesadamente unos sobre otros en una suerte de cadena infernal en el que cada uno de ellos es consecuencia y causa de otros a la vez.
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Ahora le tocó el turno al sistema eléctrico. Por años, mejor dicho, por décadas, se advirtió que el modelo estatista en el sector de energía, y que encontró en la Constitución de Montecristi su máxima expresión, era un modelo destinado a fracasar. Un modelo que fue prontamente abandonado en la mayoría de los países de la región, como Chile y Perú. El concebir la generación eléctrica como un servicio público, cuando debería ser concebido como una actividad económica con mínimas barreras de ingreso a base de un régimen de simples licencias; la resistencia a entregar en concesión la administración de las unidades de generación estatales; el mantener el monopolio sobre la transmisión y, por motivos políticos, la distribución eléctrica; la negativa a establecer un real mercado eléctrico transparente; la hostilidad legal a la inversión privada, así como el ver en el gas del golfo de Guayaquil una simple fuente de ingresos fiscales y no un motor de desarrollo económico, toda esta suma de torpezas tenía que estallar en su momento. Los racionamientos no son sino la epidermis de la ceguera de una dirigencia en su mayoría tan mediocre como corrupta.
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Salir de esta crisis no es sencillo. Pero si no somos capaces de garantizar en pleno siglo XXI la provisión de fluido eléctrico como lo hacen prácticamente todos los países del mundo, difícilmente seremos capaces de enfrentar todas las otras crisis que hemos mencionado. No, todavía no tocamos fondo. Pero estamos cada día más cerca. (O)
