Si en Ecuador termina la era petrolera, no será por falta de petróleo, sino por el inadecuado manejo de la industria en los últimos 17 años y por la falta de políticas públicas que han impedido capturar eficientemente el alto potencial de petróleo y gas que aún existe en el país.
La grave crisis se debe, principalmente, a que en esos años el país ha “consumido” alrededor 3/4 de las reservas probadas (económicas) sin reponerlas, por falta de inversión en exploración, lo que ha impedido el descubrimiento de nuevos campos en la mitad del Oriente y en la Costa que están prácticamente inexploradas, principalmente en el golfo de Guayaquil con su alto potencial de gas natural.
Por otro lado, la falta de inversión sustancial en proyectos de recuperación mejorada causaría que dejemos cerca del 75 % del petróleo en el subsuelo sin producir.
La causa raíz del problema es que en el gobierno de Rafael Correa los contratos de las empresas fueron modificados arbitrariamente y prácticamente se obligó a muchas a salir del país, y desde ese entonces se ha parado la inversión de riesgo y se ha estado produciendo prácticamente de las reservas existentes. La única posibilidad de revertir esta tendencia negativa es atrayendo a empresas con alto músculo financiero y tecnológico: decenas de miles de millones en inversiones de riesgo.
Sin embargo, el Ecuador está prácticamente cerrado para este tipo de inversiones, a menos que se pueda cambiar la muy mala imagen ante los inversionistas de riesgo a los que necesitamos de manera urgente.
Como exvicepresidente de nuevas inversiones para América Latina de una importante transnacional petrolera me permito sugerir las principales áreas que se deberían atacar para intentar recuperar la buena imagen del país y que nos permitiría atraer inversiones:
– Blindar los nuevos contratos contra cambios futuros;
– Cambiar los nuevos contratos de proyectos estratégicos, de contratos de servicio a contratos de participación;
– Estructurar proyectos muy atractivos y de alto impacto en producción, reservas y economía;
– Fortalecer sistemas de arbitraje internacional, como lo hacen nuestros competidores;
– Otorgar la operación de los nuevos proyectos a los inversionistas y no a Petroecuador;
– Garantizar que no habrá cierres obligatorios de campos como el ITT;
– Elaborar un plan estratégico de revitalización del sector hidrocarburífero 2025-2050, con ayuda de empresas internacionales expertas, en el que no solo se prepare el portafolio de proyectos por licitar, sino se defina cómo remover los obstáculos que mantienen ausente la inversión necesaria.
Soy consciente de que algunos de estos cambios serán muy difíciles de implementar, tomarán tiempo y requerirán reformas a la ley de hidrocarburos, incluso serían parte de futuras consultas populares; pero la gravedad del problema requiere de medidas profundas y valientes, de lo contrario, nos acercaremos al fin de la era petrolera económica del país. En efecto, según Walter Spurrier, el impacto neto del petróleo al PIB ha caído del 13,8 % en 2008 a solo 1,8%, aun antes del cierre del ITT. (O)
