Cada 1 de junio, el Día del Niño, en Ecuador se recalcan los derechos de los infantes en programas institucionales y privados. El 12 de junio, en el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, en cambio, se promueven mensajes por su erradicación.
La violación de los derechos de los niños y niñas sigue vigente y su erradicación es un desafío para las autoridades en Ecuador, incluyendo el trabajo infantil.
Durante un acuerdo firmado entre la Alcaldía de Quito y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), para la adopción de medidas que permitan la prevención del trabajo infantil mediante estrategias educomunicacionales, se reveló que al menos 7.000 menores de edad trabajan en las calles, mercados y plazas de la capital.
Unos 7.000 menores de edad laboran en las calles de Quito: acuerdo busca erradicar trabajo infantil
Detectan a niños que llegan de otras ciudades a mendigar en Baños en los días festivos
En Guayaquil, basta recorrer las calles, sean céntricas o del norte o sur, para encontrar a niños en labores informales.
El trabajo infantil sigue representando un grave problema, por ello son reconocidos los esfuerzos que se emprenden y permiten recordar que Ecuador es signatario de acuerdos internacionales que protegen a los niños.
Además, la Constitución, en el numeral 2 del artículo 46, anota que el Estado dará a los menores “protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 15 años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetarán, reconocerán y respaldarán su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral”.
Las normas existen, pero nadie puede cerrar los ojos y asegurar que se ha erradicado el trabajo infantil en Ecuador. Las autoridades tienen la obligación de trabajar para lograrlo y protegerlos para que no sigan siendo vulnerables ante delincuentes que buscan reclutarlos. (O)
