Los quince días de plazo para que la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, responda a las acusaciones de incumplimiento de funciones en la crisis energética de abril del 2024 dentro del juicio político en su contra vencen la próxima semana.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional lleva adelante el proceso de interpelación a Arrobo, el cual fue motivado por los asambleístas Ana Galarza y Jaime Moreno, de la bancada de Construye, y Vicente Taiano, del bloque del Partido Social Cristiano (PSC).
Hasta el viernes 25 de octubre no había respuesta de la exfuncionaria acusada de incumplimiento de funciones mientras estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minas y el plazo para que presente los descargos vente el próximo jueves.
La ley orgánica de la Función Legislativa en su artículo 81 determina que una vez calificado el trámite del juicio político, la Comisión de Fiscalización notificará a la exfuncionaria sobre el inicio de este, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que, en el plazo de quince días, presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes.
Los asambleístas solicitantes, dentro del mismo plazo, presentarán las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
Con la contestación de la exfuncionaria enjuiciada o sin ella, se establecerá el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas.
Los tres proponentes del juicio señalan que, en octubre del 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, el Ecuador enfrentó racionamientos de energía eléctrica por estiaje estacional de las cuencas hidrográficas, falta de mantenimientos programados de las centrales hidroeléctricas y térmicas, la ausencia de inversión en la expansión energética y los problemas generados por la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Comisión de Fiscalización calificó por unanimidad el juicio político en contra de la exministra de Energía Andrea Arrobo
El incumplimiento de funciones de Arrobo se dio porque, hasta abril del 2024, ella no realizó las contrataciones que generarían energía adicional necesaria para satisfacer la sequía o estiaje, lo que significó depender de la contratación de energía eléctrica importada de Colombia, pero luego se conoció que el país vecino no venderá energía al Ecuador generando cortes del servicio.
En los expedientes de la solicitud de juicio, se indica que la exministra fue informada por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) de la situación crítica que vivía el sistema de provisión de energía eléctrica.
Según el planteamiento del proceso político, el 20 de marzo del 2024, el Cenace le advirtió a Arrobo que el Sistema Nacional Interconectado estaba operando en los límites de “inestabilidad” y que, por ello, se encontraba “expuesto permanentemente a desconexiones”. “Y no tomó ninguna acción al respecto”. Por lo tanto, los interpelantes de Arrobo, sostienen que hubo un mal manejo del complejo hidroeléctrico Paute compuesto por Mazar, Amaluza y Sopladora.
El juicio político se motiva además porque a criterio de los proponentes, la exministra Arrobo, no realizó inversiones ni contrataciones en el sector; tampoco declaró desierto el concurso para la contratación de barcazas y no lanzó inmediatamente una nueva licitación, tampoco se repotenció y reparó el parque termogenerador. (I)
