La recién aprobada política de drogas, respaldada con una inversión de $21 billones y con validez hasta 2030, ha alcanzado un hito crucial al dar luz verde a las misiones territoriales. Estas misiones representan un esfuerzo conjunto del Estado colombiano para abordar directamente los territorios, sustituir los cultivos de uso ilícito y ofrecer a los agricultores una nueva forma de capitalizar sus esfuerzos en el campo. La nueva política de drogas se basa en ocho enfoques, que incluyen derechos humanos, salud pública y construcción de paz. El objetivo es lograr que los agricultores cocaleros o cultivadores de marihuana abandonen masivamente sus cultivos ilícitos y se integren en proyectos productivos en tierras adquiridas por el Estado. Aquellos que opten por no hacerlo contarán con una regulación clara sobre sus cultivos. Además, se busca combatir de manera contundente a los narcotraficantes, considerados el eslabón más fuerte en la cadena del tráfico de drogas.

Se ha revelado que el primer territorio focalizado será Tumaco, en Nariño, que ocupa el segundo lugar en hectáreas de coca cultivadas, según la última medición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), solo superado por Tibú, en Norte de Santander. Para la fase inicial de trabajo focalizado en Tumaco, se han asignado recursos de hasta $234.000 millones.