Así fue la investigación donde la Fiscalía revelo un entramado delictivo dedicado al tráfico de armas que estaría conformado por militares activos y exmilitares.

Cinco uniformados activos, dos pensionados y dos retirados fueron capturados y judicializados. Los señalaron de ser los responsables de extraer partes de fusiles y otras armas de fuego de diferentes instalaciones oficiales y venderlas a estructuras criminales.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, develó un entramado delictivo del que harían parte integrantes y exintegrantes del Ejército Nacional, y estaría dedicado al tráfico de armas de fuego y accesorios para los grupos armados ilegales.

En diligencias realizadas en Bogotá, Nilo (Cundinamarca), Florencia (Caquetá), Duitama (Boyacá), Montería (Córdoba) y Riohacha (La Guajira), servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, capturaron a los sargentos activos Raúl Leonardo Becerra Sánchez, Luis Carlos Buitrago Fierro y Anderson Sánchez, y a los sargentos en retiro César Leslie Ramírez Pinto, James Valencia y Mauricio Fagua Quiroz; así como los soldados profesionales Wilson García Betancourt y Breshnet Peña Sierra, y el soldado pensionado Luis Ferney Ríos Valderrama.

Estas personas fueron presentadas en audiencias concentradas e imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Las evidencias recopiladas dan cuenta de que, aprovechando los diferentes cargos y funciones desempeñadas, los hoy procesados presuntamente extrajeron accesorios y partes de armas de fuego de los fuertes militares de Tolemaida (Cundinamarca) y Larandia (Caquetá), del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 20 «General Servíez» de Villavicencio (Meta), y del almacén de Indumil de la Seccional Caquetá.

Al parecer, los elementos eran sustraídos de las instalaciones militares, y entregados a contactos externos que se encargaban de unirlos para ensamblar fusiles y otras armas de fuego, que serían vendidas a distintas estructuras criminales.

Por esta actuación irregular los suboficiales y los soldados habrían recibido pagos en efectivo. En la investigaciones se constató que no aceptaban transferencias para evitar dejar rastros del movimiento del dinero.

El sargento Valencia Torres aceptó los cargos formulados por la Fiscalía; mientras que los demás investigados los rechazaron. Por disposición el juez de control de garantías todos deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.