En un fallo histórico, la Corte Constitucional del Ecuador declaró que la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A. implementó prácticas laborales relacionadas a la esclavitud, específicamente un sistema de “servidumbre de la gleba”, en sus haciendas hasta 2019. La Corte emitió esta sentencia luego de revisar varias acciones de protección presentadas por un grupo de trabajadores afectados, quienes denunciaron condiciones laborales extremas en las plantaciones de abacá de la compañía.

El sistema de servidumbre de la gleba, según la Corte, consistía en mantener a los trabajadores, en su mayoría personas en situación de vulnerabilidad, en campamentos dentro de las haciendas sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, instalaciones sanitarias, ni servicios de salud y educación. Los trabajadores, que vivían en condiciones precarias, eran obligados a cultivar abacá para la empresa, con la imposibilidad de modificar su situación generacionalmente.

En su fallo, la Corte consideró que la empresa Furukawa violó de manera sistemática la prohibición de la esclavitud, afectando la dignidad humana de los trabajadores.

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Como parte de la reparación por los daños causados, la Corte ordenó que Furukawa pagara compensaciones por daño material e inmaterial a las 342 personas afectadas identificadas en la sentencia. Además, la empresa deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas a las víctimas.

La Corte también señaló que las entidades públicas involucradas, como los Ministerios del Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno, omitieron su deber de proteger a los trabajadores y prevenir estas prácticas. Según la Corte, estas instituciones deberían haber intervenido antes de 2018, cuando la situación de los abacaleros ya era de conocimiento público. Tras la denuncia pública de los trabajadores en 2018, las medidas adoptadas por las autoridades fueron consideradas insuficientes.

Como parte de la reparación integral, la Corte ordenó la creación de una política pública interinstitucional para abordar las causas estructurales que permitieron la servidumbre de la gleba. También se dispuso la realización de reformas legales para prevenir la impunidad corporativa y eliminar prácticas laborales similares, la creación de un documental y otros productos artísticos para recordar los hechos, y la declaración de un día de conmemoración para las víctimas de Furukawa.

El fallo, aprobado por mayoría, fue respaldado por los jueces constitucionales, aunque hubo votos salvados de Enrique Herrería Bonnet y Teresa Nuques Martínez. Las juezas Carmen Corral Ponce y Alejandra Cárdenas Reyes se excusaron de participar en la decisión. (I)