Cada 10 de diciembre celebramos la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948. A siete décadas de este hito, hoy son muchas más las personas en el mundo que viven bajo un Estado democrático de derecho. Es decir, que cuyos gobernantes tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de su población.
Los Estados también tienen el deber de proteger los derechos de “los demás”, quienes están más vulnerables ante el racismo, el sexismo, la homofobia u otras formas de discriminación o estigmatización.
Con base en la Declaración Universal, la comunidad internacional responde a este desafío por medio del notable desarrollo de normas internacionales de derechos humanos y la adopción de instrumentos dirigidos a grupos en situación de especial atención como mujeres, víctimas de discriminación racial, pueblos indígenas, la infancia, personas migrantes, personas privadas de libertad o personas con discapacidad.
El progreso de las sociedades democráticas es innegable. Sin embargo, aún son grandes las brechas entre las normas internacionales y nacionales y, sobre todo, entre estas y la realidad cotidiana de millones de personas. Una brecha también presente en los países de América Latina, incluido Ecuador.
Los avances son muchos, como también los cuestionamientos al Estado democrático de derecho, a su promesa de justicia social y de acceso efectivo a los derechos para todas y todos, no solo para quienes concentran los recursos económicos. También vemos al Estado acechado por amenazas como los vaivenes económicos, la corrupción o el crimen organizado.
Cabe preguntarse qué alternativas legítimas ofrece la institucionalidad, por ejemplo, ante el reclutamiento por parte de las bandas delictuales. O para aquellos jóvenes que han delinquido y se ven insertos en un sistema penitenciario que está lejos de ser digno o restitutivo; que no se orienta a la rehabilitación ni a reducir la reincidencia sino al contrario, que materializa un enfoque punitivo que no logra demostrar eficacia.
También en América Latina persisten conflictos históricos por la tierra, el territorio y los recursos naturales, que involucran intereses empresariales (industrias extractivas, monocultivos) y por otro lado a los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Es la región del mundo donde las personas defensoras de estos derechos se ven más amenazadas por asesinatos u otras formas de violencia y criminalización.
Ecuador no es ajeno a esta realidad, como evidencian casos emblemáticos que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha seguido de cerca. Son casos que ponen de manifiesto la necesidad urgente de que Ecuador establezca con un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, entre otras medidas, para proteger su importante rol.
Este 10 de diciembre reafirmamos la necesidad de situar los derechos humanos al centro de las políticas del Estado, incluidas las políticas económicas, a fin de avanzar hacia una “economía de derechos humanos”, en palabras del Alto Comisionado Volker Türk. Es el camino para construir un futuro que no deje a nadie atrás, sin importar su situación económica, si están recluidos en las cárceles o se dedican a proteger culturas ancestrales o la naturaleza. (O)
Lena Savelli, coordinadora residente de ONU en Ecuador, y Jan Jarab, representante de ONU DD. HH. América del Sur
