En el llamado caso Purga, en el que se procesa un delito de delincuencia organizada que involucra a exautoridades del Estado, como el exasambleísta Pablo Muentes, el juez nacional Javier de la Cadena se retiró a deliberar para resolver sobre la solicitud de algunos de los sospechosos que pidieron se declare la nulidad del caso.
Mientras, la Fiscalía General pide que se declare la validez de lo actuado en los últimos nueve meses.
En un segundo día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 23 personas, sospechosas de delincuencia organizada, concluyó la solicitud de nulidad planteados por algunos de los procesados que advierten de vicios jurídicos en la etapa preprocesal, como habérseles impedido el derecho a la defensa o a actuar prueba.
Este miércoles, 18 de diciembre de 2024, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier de la Cadena Correa retomó la sustanciación del caso en horas de la tarde y la suspendió para una fecha indeterminada para analizar las alegaciones de los acusados y de la Fiscalía General, como titular de la acción penal.
De la Cadena no dio una fecha exacta de cuándo reinstalará la audiencia para pronunciarse, pero lo probable es que sea la próxima semana.
Este día fue el turno de la Fiscalía, que a través del fiscal subrogante, Wilson Toainga, pidió que se declare la validez procesal de este caso, que es una derivación de Metástasis, en el que también se procesa un delito de delincuencia organizada, en el que están investigados operadores de justicia, policías, abogados e incluso, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo.
A criterio de Toainga es válido todo lo actuado desde el 4 de marzo de este año, cuando se desveló el cometimiento de aparentes actos de corrupción tras acceder a conversaciones telefónicas que fueron extraídas de los celulares del narcotraficante, Leandro Norero Tigua (+), asesinado en el 2022 en un centro penitenciario.
Por el caso Metástasis se detuvo a Mayra Salazar — exfuncionaria de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y cercana a su expresidenta Fabiola Gallardo, también procesada en Purga — quien se acogió a la figura de la cooperación eficaz y expuso lo que sería un esquema de corrupción en el que apareció Pablo Muentes Alarcón, el exasambleísta socialcristiano como el líder de las operaciones judiciales.
Una de estas es el habeas data en las que, aparentemente, fueron beneficiados él y su esposa Mónica A. con una reparación de casi $ 4 millones pagado por el Banco del Pacífico; y, también su primo, Fausto A., con lo que sería la entrega a su nombre de un predio ubicado en Durán (Guayas) valorado en $ 200.000 y que pertenecía a otra persona.
Otro hecho que se indagó fue una acción de protección que se tramitaba en Guayas y en la que se había beneficiado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito por un contrato de repavimentación por $ 30 millones.
La mayoría de los procesados se centraron en atacar los testimonios de Mayra Salazar, porque podrían basarse en “mentiras” o en información a la que simplemente tuvo acceso.
No obstante, Toainga explicó que las declaraciones de Salazar a la Fiscalía, son solo una de varios elementos de convicción que sostienen su teoría del caso.
Por ejemplo, el procesado y exjuez de Guayas, Johann M., reclamó que la Fiscalía no le informó de que estaba siendo investigado por lo que se habría incurrido en una nulidad. “Son mis huesos los que están en peligro”, dijo Johann M., que guarda prisión preventiva.
El fiscal subrogante aclaró que la Policía Nacional siguió los procedimientos para su investigaciópn y que no se hizo “vigilancia a espaldas”.
En este proceso, el Banco del Pacífico actúa como acusador particular, ya que el exlegislador Pablo Muentes había gestionado un habeas data.
El representante de la institución financiera, Simón Valdivieso, pidió a Cadena que declare la validez procesal de todo lo actuado, ya que no se adolesce de vicios de nulidad. (I)
