El canje de políticos venezolanos por un delincuente ecuatoriano, propuesto por el canciller de Venezuela, es la manifestación más clara del estercolero en que se mueve el gobierno de ese país. El intercambio de personas es una práctica milenaria, referida originalmente a los prisioneros de guerra, ampliada posteriormente para casos de espionaje o como forma de atenuar conflictos de menor intensidad. Aunque por lo general se revisten de un ropaje humanitario, en la mayoría de los casos este aspecto ocupa un lugar secundario con respecto a los motivos que siempre son políticos. El canje expresa el valor que dan los gobiernos involucrados a aquellas personas. Pero, ese valor no siempre es positivo.

En realidad, en el asunto de los intercambios se puede dibujar una escala que va desde otorgar las condiciones apropiadas para que una persona desarrolle sus actividades con plena libertad, hasta evitar que lo haga fuera del control de las autoridades que la reclaman. El primero es el caso de perseguidos en su propio país (políticos o científicos e intelectuales durante la Guerra Fría y opositores bajo las dictaduras latinoamericanas). El otro caso se configura cuando un gobierno considera inconveniente o peligrosa la información que una persona puede proporcionar a otros gobiernos.

El asunto actual combina los dos tipos extremos de esa escala. En la una punta están quienes debieron buscar asilo en la embajada de Argentina en Venezuela para evitar la persecución desatada por el gobierno de Maduro. Su delito fue reclamar el reconocimiento del resultado electoral que fue favorable para la oposición. En la otra punta está un individuo que utilizó su paso por la política para continuar con las prácticas corruptas que inició con el plagio de su tesis de grado. Lo sorprendente es que este personaje no tiene otra relación con Argentina, el país que concedió asilo a los venezolanos, que su identificación con las prácticas corruptas de políticos que hoy están en la oposición. Por tanto, es inevitable preguntarse por las razones que llevaron a involucrar a Ecuador en ese baile.

Una primera respuesta se encuentra en esa actitud latinoamericana que es la picardía criolla. Conociendo la orientación de los países involucrados resulta obvio que el gobierno venezolano hizo una propuesta totalmente absurda con el objetivo de que sea negada. Otra parte de la respuesta hay que buscarla en esa asociación internacional llamada Foro de Sao Paulo, que desacredita a la izquierda con su bizquera frente a la corrupción (y con su discurso arcaico, que es materia de otro asunto). El lawfare (guerra judicial) que argumentan, solo lo aplican para los casos en que uno de los suyos ha sido juzgado, independientemente de que las pruebas, como en este caso, sean contundentes y estén respaldadas por los órganos de justicia de varios países. Finalmente, no se puede dejar de lado la influencia que pueden haber tenido quienes asesoran al gobierno venezolano y que son los más interesados en que aquel personaje no abra la boca.

El episodio más reciente de esta comedia de equivocaciones intencionales lo escenificó uno de los abogados al proponer que el fallido beneficiario del intercambio sea internado en un hospital psiquiátrico. Tardía confirmación de la condición mental de quienes gobernaron al país. (O)