Luego de una audiencia de casi diez horas, en la que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier de la Cadena, dio a conocer su decisión oral dentro del caso Purga, el magistrado llamó a juicio a 19 procesados por el delito de delincuencia organizada: cuatro como líderes de la “organización delictiva” investigada y quince en calidad de cómplices.
De la Cadena reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Plaga pasadas las 17:10 del miércoles 22 de enero y la culminó poco antes de las 03:00 de este jueves 23 de enero.
Se emitió un auto de llamamiento a juicio en calidad de líderes contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo; el exjuez penal del Guayas, Johann Marfetán; y la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal.
El juez penal de la Corte Nacional al encontrar elementos suficientes que hacen presumir de la posible participación en el delito de delincuencia organizada de los procesados, acogió el dictamen acusatorio emitido por el fiscal general subrogante Wilson Toainga y no solo llamó a juicio a los cuatro identificados como líderes, sino también extendió este auto de llamamiento a juicio a quince procesados ubicados como colaboradores de esta red de corrupción que manipulo a la justicia en la provincia del Guayas para obtener fallos favorables, impunidad y beneficios económicos.
Dentro de la lista de colaboradores llamados a juicio están Alberto L., Henry T., Guillermo V., Javier R., Mercedes P., Reinaldo C., Ruth S., Nelson P., Saúl M., José P., Esteban Ch., Susana B., Jacqueline D., y el primo y la exasesora de Muentes, Fausto A. y Tatiana V., respectivamente.
En cambio, el magistrado de la Cadena no encontró elementos suficientes que revelaran la participación de los procesados Mónica Alvarado, esposa del exlegislador Muentes; Hugo González, expresidente de la Corte del Guayas; Freddy Játiva, excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y la jueza del Guayas, Silvia Orozco,y emitió un sobreseimiento para cada uno de ellos. Con ello, el juez levantó todas las medidas cautelares de carácter real y personal que pesaban sobre los cuatro investigados.
Para Toainga el caso Purga evidencia la contaminación del sistema de justicia en la provincia del Guayas desde las más altas esferas de la política legislativa, la cual, se asegura, puso a servicio de corruptos funcionarios judiciales y del narcotráfico toda la administración judicial de una de las provincias más importantes del Ecuador.
“En nuestro país persiste una forma irregular de hacer política, caracterizada por la intromisión indebida de los poderes públicos, legislativo y judicial, cuya gestión, entre ellos, ha mantenido a la sombra hasta el día de hoy, pues se ha utilizado a la justicia una vez más como un eslabón de la intromisión de grupos de delincuencia organizada, que convierten a la ley en su moneda de cambio para obtener réditos tanto económicos como políticos, privando a todos los ecuatorianos, y sobre todo a los habitantes de la provincia del Guayas, a una verdadera independencia judicial que es como se merece”, indicó Toianga durante la entrega de su dictamen acusatorio.
Caso Purga: Pablo Muentes y Johann Marfetán son llamados a juicio como líderes de una organización delictiva que ‘manipuló’ y ‘contaminó’ la justicia en Guayas
Cinco denominados eventos fueron parte del caso Purga. El primero se llamó evento Banco del Pacífico, al segundo se le denominó evento Tierras, al tercero evento Cuerpo de Ingenieros, el cuarto fue ubicado como Acciones Administrativas y, finalmente, el quinto evento fue llamado GDOs o Grupos de Delincuencia Organizada.
De la diligencia hicieron parte el fiscal Wilson Toainga, abogados de la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Banco del Pacífico, estas tres últimas instancias que actuaban como acusadoras particulares en la causa, las defensas de los 23 acusados y siete de los procesados (Muentes, Gallardo, Marfetán, Alberto L., Henry T., Fausto A. y Pedro V.) quienes se encuentran en diversos centros de privación de la libertad del país cumpliendo órdenes de prisión preventiva, medida cautelar que fue ratificada tras el llamado ajuicio. (I)
