“Desde que ingresé al Centro de Privación de Libertad (CPL) Regional de Latacunga he sido víctima de persecuciones por parte del personal militar, quienes me han mencionado que tengo que hacerme cargo de todos estos hechos. Han venido a todas horas a decirme que no puedo decir lo que acabo de decir. Han estado instigándome al suicidio. Van a todas horas a la celda, van a horas de la madrugada a golpearme la celda, preguntando si es que ya me suicidé, que si es que lo hago, lo haga en la siguiente guardia porque si no ellos no se van a hacer cargo de mi”.

Con esa denuncia culminaron las cerca de dos horas que duró, la mañana de este lunes 28 de agosto, el testimonio de Ruth Catalina S., exdirectora de Asesoría Jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE) y una de las 25 personas procesadas dentro del caso Purga por delito de delincuencia organizada. La abogada de profesión al momento es parte del Programa de Víctimas y Testigos y mantendría con la Fiscalía un acuerdo de cooperación eficaz.

En su testimonio, la exasesora jurídica del CIE asegura no conocer a la mayor parte de los procesados en Purga, pero aclaró que el coprocesado y también abogado Andrés Ch. fue quien hizo los contactos con funcionarios judiciales del Guayas con el fin de que pueda resolverse favorablemente una acción de protección con medidas cautelares que se colocó en el cantón Samborondón, en donde fue negada, y luego pasó en apelación a la Corte Provincial del Guayas, donde fue aprobada parcialmente.

En este hecho puntual, que es uno de los tres que hace parte del caso Purga, la Fiscalía investiga actos de corrupción en la entrega de una acción de protección con medidas cautelares planteada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito. La Fiscalía ha cuestionado por qué la acción de protección fue presentada en Guayas cuando se trataba de un contrato de repavimentación por $ 30 millones con una empresa metropolitana del cantón Quito, en Pichincha.

En el caso Purga se investiga a un “grupo criminal” que en la dirección tendría al exasambleísta Pablo Muentes y en la parte de planificación a la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y al juez penal del Guayas  Johann M.

La estructura habrían buscado influir en el sistema de justicia de la provincia del Guayas para obtener fallos en casos que eran del interés de la organización criminal estructurada, los cuales no solo dejaban recursos económicos sino también materiales. Entre otros procesados en esta causa están el exjuez penal y penitenciario Reinaldo C.; los jueces del Guayas Guillermo Pedro V., Ramos Alberto L.y Nelson Macías P.; Fausto A., primo de Muentes; y Ruth S., exabogada del Cuerpo de Ingenieros; y el funcionario judicial Saúl M.

Ruth Catalina S. corroboró en su testimonio que después de haber sido aprobada parcialmente la acción de protección del CIE, fue el abogado Andrés CH., quien se comprometió a través de la entonces vocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ), Elsie Celi, ha colaborar con el pedido hecho por Gallardo para el cambio de piso en el Salón de los Presidentes de la Corte del Guayas.

Caso Purga: defensa de oficial del Ejército procesado por delincuencia organizada asegura que es investigado por ‘especulaciones’

Fabiola Gallardo, quien fue parte del Tribunal que aceptó parcialmente acción de protección del CIE, habría solicitado esa ayuda a través de Celi, pues ya se terminaba su tiempo en la presidencia del Corte del Guayas y quería dejar una obra de importancia.

La abogada en su testimonio reconoció haber recibido en su cuenta $ 7.000, dinero que provenía del Cuerpo De Ingenieros del Ejército y del cual supuestamente conocían las autoridades superiores de esa institución. Parte de ese rubro se habría destinado a la compra de materiales, mano de obra y movilización, de la reforma a la que se comprometió Andrés Ch., y unas estatuillas para los jueces que aprobaron la acción de protección, los abogados que participaron en el proceso e incluso para el propio Andrés CH.

Uno de los procesados en este caso es el coronel Xavier R. J., comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Su defensa ha asegurado que no existen elementos de convicción en contra del oficial, sino puras “especulaciones”.  “En este caso específico, el coronel Xavier R. J.(…) es totalmente inocente y no se podrá hacer absolutamente nada para destruir ese estado de inocencia”, sostuvo en su momento Stalin López, abogado del oficial.

A decir de la Fiscalía, Xavier R. J. participó en esta trama delictiva al cooperar con la líder de la organización, Fabiola Gallardo, en calidad de comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en la desnaturalización del sistema de justicia del Guayas mediante obsequios y a través de pagos de un aparente donativo para obtener un fallo favorable en lo judicial.

Según el fiscal general subrogante Wilson Toainga, la intervención del oficial habría tenido lugar en las diversas reuniones organizadas en la Corte Provincial del Guayas, donde se gestionó y acordó las decisiones a ser tomadas por los jueces que tenían conocimiento de la acción de protección a cambio de la remodelación del piso de la sala de los presidentes de la Corte Provincial del Guayas.

Toainga dijo que el procesado autorizó la entrega de dineros del CIE a través de subalternos para la compra de material de construcción y de mano de obra. Ya hace meses se dijo que Estos pagos se realizaban a través de transferencias por parte de Ruth S., a Mayra Salazar, excomunicadora de la Corte del Guayas y mano derecha de la hoy expresidenta Fabiola Gallardo, así como a través de las facturas de la tienda en la que se compró el piso.

Luego de contar todo lo que recordaba sobre lo que se investiga en Purga y que tendría relación con el CIE, la acción de protección y la intervención del abogado Andrés CH. y las autoridades militares, una investigada y otra que no es parte de Purga, en medio de un llanto profundo por la persecución que dice vivir en el CPL de Cotopaxi por parte del personal aparentemente militar, la abogada calificó de un error el haber accedido a participar para cumplir con los ofrecimientos de Andrés CH. a favor Fabiola Gallardo, en su calidad de presidenta de la Corte del Guayas. Aclara que no fue parte de las negociaciones, ni se comunicó para arreglos con Gallardo o Mayra Salazar, sino solo hizo parte de la entrega de dinero que se le depositó en su cuenta.

“Fue un error que nunca me lo voy a poder perdonar en mi vida. Me siento tan arrepentida de haber accedido a gestionar todo lo que gestioné y de haber cubierto de cierta forma esa necesidad personal del doctor Andrés Ch. de no quedar mal con la señora Fabiola Gallardo, ni con la señora Mayra Salazar. Sé que le fallé a dios y me duele tanto lo que le sucede a mi familia”, afirmó Ruth Catalina S.

En los actos de persecución que la abogada le denunció a viva voz al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier de la Cadena, quien está a cargo del caso Purga, la testigo de Fiscalía aseguró que los actos intimidatorios también han alcanzado a su esposo, a quien lo habrían perseguido para lograr que su esposa se ‘haga cargo’ de todos los hechos que tiene relación al CIE.

“Cuando procesaron al comandante, fue peor. Entraban incluso al Economato, que es una tienda que hay en la cárcel, entraban a ver todo lo que yo compraba, me iba persiguiendo hasta la celda a buscar mi teléfono. Cuando procesaron al comandante pues me decían si es que llegan a determinar la privación de libertad del comandante, te fregaste”, sostuvo la procesada en Purga.

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Explicó que como parte de la presión que se mantiene contra ella, en el CPL de Cotopaxi se habrían dispuesto requisas solamente a su celda. En una ocasión, recordó, llegaron a una requisa solo a su celda del Pabellón de Mediana Seguridad de mujeres. Habrían sido diez militares y policías que le gritaban que entregue el celular. Ahí ella habría ‘sentido que la iban a matar’.

“Desde ese día he tenido sueños en donde veo que militares me matan, que matan a mi familia. El psicólogo del centro me ha visto muchas veces y me ha dicho que tengo que buscar actividades que me distensionen de eso y sugirió que ingrese a talleres. Luego vino un militar a talleres y me dijo, a ti te apodamos La Más Querida, ¿porque qué habrás hecho o a quién habrás pagado para estar aquí?. Porque a pesar de que hay una disposición de un alto mando militar de que no estés aquí en talleres y que estés encerrada en tu celda para poder instigarte, sigues aquí”, sostuvo Ruth Catalina S., al tiempo solicitar que sea trasladada a otro centro.

Ante todos los hechos descritos y alexitir hechos nuevos relatados por la procesada, la fiscal general Diana Salazar pidió al juez que por seguridad se le cambie la medida de prisión preventiva a la testigo y en su lugar se le otorgue medidas sustitutivas como la presentación periódica una vez por semana.

La mayor parte de sujetos procesales no se opusieron a la medida, aunque sí existieron voces que indicaron que esta audiencia era para evacuar testimonios anticipados y no resolver cambios de medidas cautelares.

El juez De la Cadena suspendió la audiencia hasta las 14:00 de este 26 de agosto para analizar los pedidos y entregar una resolución. (I)